La reciente celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en la ciudad rusa de Sochi ha suscitado gran interés entre los medios de comunicación de masas debido a la represión a la que diversos colectivos pro Derechos Humanos y por la igualdad real de las personas LGTBI se han visto sometidas por parte del Gobierno ruso. 

Tanto las múltiples declaraciones homófobas, ya fuera por parte del alcalde de Sochi como del Presidente Vladimir Putin; las numerosas detenciones de activistas LGTBI en las semanas previas a la celebración de los juegos; como las recomendaciones más o menos bienintencionadas de los propios deportistas participantes recomendando no levantar demasiadas "sospechas", llamando a ocultar la orientación sexual de aquellas y aquellos participantes no heterosexuales, ha creado en el país un clima de persecución y criminalización sobre la población LGTBI que ha hecho saltar las alarmas a nivel internacional sobre la situación de inseguridad e indefensión en la que se encuentran las personas LGTBI en Rusia. Los Juegos de Invierno de Sochi 2014 han entrado de esta manera en la nada honorable lista de las fechas negras del deporte, situándose al nivel de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, organizados por el Gobierno del Partido Nazi bajo una bochornosa y criminal propaganda racista.

Es tremendamente preocupante que el colectivo LGTBI ruso esté sufriendo directamente el ataque de un gobierno que debería respetar y proteger sus derechos. La legislación popularmente conocida como “anti gay”, vigente desde junio de 2013, no sólo supone la imposición del silencio y la invisibilidad pública a las personas LGTBI por el hecho de serlo, sino que fomenta la creación de un clima social contrario a todo aquel y a toda aquella que no se ajuste a la norma heterosexual vigente.

Sin embargo, no se nos escapa que parte de las críticas que está recibiendo el régimen dictatorial, homófobo y machista ruso, sustentado sobre las bases de las oligarquías capitalistas y una Iglesia Ortodoxa en decadencia, proceden de posicionamientos imperialistas, que buscan más deslegitimar el Gobierno ruso en el escenario internacional que salvaguardar la seguridad y la vida de los colectivos amenazados. Tampoco los gobiernos que se autoproclaman defensores de los Derechos Humanos, como Estados Unidos o la propia Unión Europea, adquieren una actitud seria y firme en este asunto. Ni unos ni otros tienen como verdadera prioridad en su agenda el desarrollo de los Derechos Humanos de manera efectiva en su propio territorio. La pena de muerte institucionalizada en algunos estados de los EE.UU, la situación de exclusión social y pobreza que sufren las personas LGTBI en el capitalismo norteamericano, o el uso de métodos inhumanos como las cuchillas y los muros en las fronteras de la UE para controlar los flujos migratorios, son sólo algunos ejemplo de ello.

Además, a menudo, en muchos países a lo largo del mundo, y en muchos momentos históricos pero también en la actualidad, las relaciones sociales referidas a vivencias sexuales e identidades de género no mayoritarias se han desarrollado al margen de la actividad de los Estados, ya fuera por la inexistencia de estos, por su inoperancia a la hora de llevar a cabo su actividad, o por simple diferenciación entre los espacios de gestión y gobierno estatales dentro de un territorio y las tradiciones pre-estatales establecidas por las poblaciones autóctonas.

Tal situación paradójica se da, por ejemplo, en Brasil, donde el gobierno autoriza desde hace años la manifestación del Orgullo más numerosa del mundo, llegando a los dos millones de participantes. Sin embargo, este país también es el primero del mundo en la triste realidad de ser el lugar donde mayor número de personas transexuales son asesinadas cada año, alcanzando casi el millar en el último decenio. Otros países, como Uganda, Nigeria y Arabia Saudí, sufren, al igual que Rusia, la persecución sistemática de las personas LGTBI de manera institucionalizada y sin ningún tipo de reparo ni justificación. Las mujeres lesbianas de Japón, China y Tailandia, por citar sólo algunos ejemplos, son obligadas por sus familias a contraer matrimonio heterosexual como forma de tratar su supuesta desviación, y este hecho es llevado a cabo con el beneplácito de sus Estados. En México, Bolivia y Perú cada año son asesinados a plena luz del día y en sus propios barrios y pueblos decenas de homosexuales, bisexuales y transexuales solo por atreverse a no ocultar ni negar sus preferencias sexuales y de género. Con estos pocos ejemplos basta para hacernos una idea de la situación de indefensión, discriminación y represión en la que viven millones de personas en el mundo por el simple hecho de expresar su orientación sexual y su identidad de género.

Pero, desgraciadamente, para entender el menosprecio de los Derechos Humanos de las personas LGTBI por parte de algunos Estados no tenemos que irnos muy lejos de nuestro propio contexto. En el Estado Español actualmente la Ley de Identidad de Género aprobada en 2007 sigue patologizando y tratando como enfermas mentales a las personas transexuales. En el Estado Español, a día de hoy, las personas inmigrantes del sur no pertenecientes a la Unión Europea no tienen derecho al tratamiento del VIH/Sida, desde que así lo estipulara el Gobierno del Partido Popular en la reforma sanitaria del 2012. Esto adquiere una gran relevancia si entendemos que en nuestro país más de 150.000 personas conviven actualmente con el virus, y medidas irresponsables y suicidas como éstas abocan a miles de personas a la enfermedad y la muerte de manera institucionalizada. Además, las vivencias homosexuales siguen siendo actualmente una auténtica aventura en los espacios ultramasculinizados y machistas del deporte. Declararse homosexual, bisexual o transgénero en deportes como el fútbol, el boxeo o el baloncesto sigue siendo hoy por hoy un crimen social en nuestro país, así como una vivencia arriesgada para miles de personas, y nada se hace desde las instituciones para modificar esa realidad.

Por todo ello, desde Izquierda Unida creemos necesario hacer efectiva y seguir desarrollando la legalidad internacional vigente en lo relativo a los Derechos Humanos y la igualdad real de las personas y colectivos de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales. Para este fin, se hace necesario, por ejemplo, profundizar en los Principios de Yogyakarta, aprobados en 2006, que tratan sobre la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género, respaldada por las Naciones Unidas como fórmula necesaria de un camino hacia la paz, la igualdad y el respeto.

También, en nuestro contexto comunitario más cercano, se hace imprescindible la profundización jurídica, política y social del Informe Lunacek, texto aprobado recientemente por el Parlamento Europeo y que recoge una hoja de ruta a seguir en cuanto a las políticas LGTBI se refiere. Además, desde Izquierda Unida siempre hemos reivindicado el Derecho de Asilo como uno de los recursos imprescindibles a la hora de hacer del Estado Español un verdadero hogar, más orientado a la seguridad y el bienestar de la población que a ser un mero espacio de especulación, represión y explotación. Un derecho de asilo que reduzca los plazos actuales de resolución del fallo, que en la actualidad se encuentra en los seis meses; un derecho de asilo que amplíe los supuestos de su petición; un derecho de asilo, pues, verdaderamente humanitario, que no se convierta en una barrera a las migraciones, sino en una ayuda al bienestar y la seguridad de todo ser humano.

Por todo ello, desde el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida focalizamos sobre la necesidad de apoyar y desarrollar todas aquellas medidas que favorezcan la igualdad real de la población LGTBI, tanto en el ámbito del Estado Español como en el espacio de la Unión Europea.

*Resolución aprobada por unanimidad en el plenario del Encuentro Programático Europeo que IU celebró los días 1 y 2 de marzo de 2014 en Madrid.

En nuestro actual contexto a nivel europeo las personas LGTBI están siendo el blanco de discursos conservadores sobre la salud y los modelos de familia, fortaleciendo la sumisión al patriarcado y el sistema de dominación heteronormativo, con agresiones como la denegación de diferentes tratamientos de salud, además de los ataques físicos con la complacencia de las autoridades. Una realidad ante la que la Izquierda Europea debe reaccionar. La Izquierda Europea lucha por la igualdad de derechos para todas las personas sin importar su orientación sexual e identidad de género. Rechazamos cualquier forma de homofobia o transfobia y trabajamos de manera activa por la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, transexuales y transgénero. Se solicita a los partidos miembros que apoyen todas las iniciativas que se encaminen hacia estos objetivos.

Esto se concreta en:

-Protección de la vida y de la integridad física.

Debemos luchar de manera activa contra los ataques homo y transfóbicos. Las autoridades deben perseguir y condenar cualquier tipo de crimen de odio contra las personas LGTBI. Debemos acabar con la impunidad de los agresores.

-Protección contra la discriminación.

Ningún tipo de discriminación contra las personas LGTBI es aceptable, ni en las leyes ni en las calles. Es necesario parar las leyes que atacan de manera específica a las personas LGTBI, particularmente las leyes que prohíben la llamada “propaganda homosexual”. 

Exigimos no solo la abolición de estas leyes, sino la prohibición explícita de la discriminación y la implementación de planes que la eviten. No somos ajenas y ajenos a otras cuestiones que afectan a la población heterosexual y/o cisgénero. En el caso de las personas migrantes LGTBI o de las mujeres lesbianas o bisexuales hay situaciones de doble o triple discriminación que debemos eliminar.

-Libertad de reunión y de asociación.

Apoyamos la auto-organización de las personas LGTBI y las luchas por sus derechos. Nos oponemos a cualquier intento de prohibir organizaciones o manifestaciones de carácter LGTBI.

-Libertad de expresión.

Rechazamos cualquier intento de limitar la información y educación sobre cuestiones relativas a las personas LGTBI. La supuesta protección de las y los menores no puede ser un pretexto para esto, pues debemos educar en valores de igualdad y no de odio.

-Derecho de autodeterminación del género.

Demandamos la inmediata despatologización de las identidades transexuales y transgénero y el derecho a la libre autodeterminación del género sin esterilización obligatoria. Luchamos contra la asignación de identidades de género binarias y normativas, y contra los roles de género dictados por una sociedad dominada por el patriarcado.

-Derecho a elegir modelo de convivencia sin discriminación y derecho a tener familia.

Demandamos la apertura de todos los modelos de convivencia, incluido el matrimonio, al conjunto de la población y que ninguno de estos modelos tenga más o menos derechos que otros. Demandamos el derecho a la adopción de todas las personas en igualdad de condiciones, sin importar su estado civil u orientación sexual. Esto permite proteger la situación legal de las y los menores cuyas familias están excluidas por el modelo de relaciones heteropatriarcal. Demandamos el derecho a la inseminación artificial para todas, sin importar su estado civil u orientación sexual.

-Inclusión de la realidad LGTBI en los servicios públicos y campañas de la administración.

Exigimos que todos los servicios públicos y campañas de la administración, ya sean de carácter educativo, sanitario, o de derechos de las personas trabajadoras, incluyan la perspectiva LGTBI y aborden la discriminación de manera específica. Se debe prestar especial atención a la salud sexual y demandamos que acabe la discriminación a los hombres homosexuales como “grupo de riesgo”. Demandamos programa específicos contra las ETS y el fin del estigma que padecen las personas con VIH. La implementación de estos programas necesita de inversiones públicas que se están viendo seriamente afectadas por las políticas de austeridad económica y recortes presupuestarios impuestos en toda la Unión Europea.

Igualdad de derechos para las personas gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales, transexuales y transgénero. La lucha por la igualdad de derechos y por la igualdad socieconómica están ligadas, y son parte del mismo proyecto de emancipación de la clase trabajadora. Es una cuestión netamente de izquierdas.

La X Asamblea Federal de Izquierda Unida desea recoger como propias las reflexiones y propuestas que el Área de Libertad de Expresión Afectivo Sexual de IU (ALEAS) aporta, como parte del conjunto de movimientos, organizaciones y colectivos por la diversidad afectivo-sexual, a la construcción de un pensamiento y una praxis transformadoras en el actual momento político.

En ese sentido consideramos que:

La estafa económica por la que atraviesa nuestro país está sirviendo de pretexto para tomar medidas en relación al Sistema Nacional de Salud que vulneran los derechos humanos, profundizan las desigualdades sociales y ponen en riesgo a toda la población. Estamos asistiendo a un sinfín de noticias y decisiones políticas unilaterales extremadamente preocupantes que afectan a toda la ciudadanía y, en especial, a los grupos sociales más vulnerables, como pueden ser las personas sin trabajo, pensionistas, inmigrantes en situación irregular y todas aquellas que padecen una enfermedad crónica, como vivir con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), entre otros colectivos.

Desde la izquierda, conscientes de la relación histórica intrínseca que une al movimiento LGTBI y el de respuesta al VIH/sida y a sabiendas de que las personas LGTBI junto con las mujeres, hoy en día, somos los colectivos más vulnerables respecto a la infección, nos mostramos preocupadas a la par que indignadas ante la falta de una respuesta a la infección por VIH/sida comprometida, eficaz, sostenida y solidaria, que garantice el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo con relación al VIH/sida.

Este hecho supone un retroceso de 30 años respecto a todos los avances legales y sociales alcanzados mediante la incesante movilización social, la presión y el esfuerzo de miles y miles de activistas, asociaciones, colectivos y otros agentes sociales involucrados en la erradicación de esta pandemia. Es por ello que se hace más que necesario el establecimiento de nuevas políticas que aseguren una estrategia clara ante esta alarmante situación o nos enfrentaremos en los próximos años a consecuencias socio-sanitarias sin precedentes.

La transformación social por la que trabaja Izquierda Unida no se limita a la defensa de los derechos de las llamadas “minorías” afectivo-sexuales, étnicas, culturales o de cualquier otro tipo, sino a la plena consecución de los derechos de toda la diversidad de la población, que es la que conformamos el 99% que sufre los efectos del ajuste duro y la austeridad neoliberal.

Entendemos y defendemos que el derecho a la salud es un derecho humano inalienable y que la sanidad ha de ser pública, gratuita y universal para todas y todos. Rechazamos el ajuste económico como argumento pues, además de ser un atentando contra nuestros derechos, no justifica ni compensa un retroceso en la respuesta del VIH en nuestro país, en tanto en cuanto, como bien es sabido, la prevención es mucho más rentable que el tratamiento posterior de la enfermedad y, por tanto, este ahorro no será real cuando, en el futuro, aumenten drásticamente el número de nuevas infecciones por VIH y el número de muertes derivadas del sida.

En consecuencia desde la X Asamblea Federal de IU demandamos:

-Respeto total a los derechos fundamentales impulsando un marco ético y social que garantice la dignidad, los derechos y las libertades de toda la población. Exigiendo al Gobierno que garantice el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la ciudadanía, por tanto, sin exclusión de las personas inmigrantes no regularizadas, no sólo por motivos solidarios y de justicia social, sino también de salud pública, especialmente evidente en el caso de la infección por VIH.

-Liderazgo político y compromiso económico que garantice la existencia y la sostenibilidad de la respuesta a la infección por VIH/sida. El liderazgo pasa inevitablemente por el refuerzo de la Secretaría del Plan Nacional del Sida (SPNS), ya prácticamente desarticulada, como organismo coordinador de la respuesta española al VIH que, por una parte, vele por la elaboración de un nuevo Plan Multisectorial frente a la infección por VIH/sida en España 2013-2017; por otra, apoye la existencia y desarrollo de los Planes o Servicios Autonómicos de respuesta al VIH y, finalmente, garantice la continuidad de los programas desarrollados por las ONG's con el fin de evitar la desatención de las miles de personas que están detrás de estos servicios.

-Cumplimiento de los acuerdos internacionales en el ámbito de VIH y sida. Es necesario recordar que el Gobierno español, además de compromisos económicos, ha firmado compromisos internacionales en la respuesta mundial al VIH ante organismos como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Parlamento Europeo (PE), para alcanzar el llamado “Objetivo Cero”: un mundo con cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida".

-Diálogo social, liderazgo compartido y reconocimiento al valor añadido de las organizaciones civiles como agentes sociales involucrados en la respuesta al VIH/sida.

Ninguna de estas reivindicaciones pendientes es posible mediante una “marcha atrás” hacia un “bienestar” y una “igualdad” que nunca alcanzamos por completo, pero cuya inviabilidad dentro de la ortodoxia de la deuda revela ahora los estrictos límites inherentes al capitalismo.

Creemos urgente la necesidad de establecer complicidades políticas y sociales desde abajo en el contexto de una Europa encaminada a una catástrofe social, a un genocidio paulatino que se reflejará en el progresivo aumento de las infecciones por VIH y de muertes relacionadas con el sida, como, por ejemplo, ya están experimentando nuestras compañeras en Grecia y que pone de manifiesto que realmente no se trata de recortes, son ejecuciones.

Por todo ello, llamamos desde aquí a todas las fuerzas de izquierda, a los movimientos por la defensa de la sanidad pública y por la respuesta al VIH/sida y al conjunto de iniciativas sociales en defensa de “las de abajo” a la construcción de la necesaria y urgente confluencia para acabar con este gobierno y para la sustitución del sistema capitalista en crisis por otro al servicio de las necesidades y las libertades de la mayoría social.

Desde la izquierda no sólo debemos resistir los embates neoliberales, sino saber tejer alianzas para proponer y crear alternativas al capitalismo. Desde el movimiento feminista defendemos no solo la resistencia frente al machismo, sino también el empoderamiento de las mujeres y la feminización de las políticas sanitarias. Desde el movimiento por la diversidad afectivo-sexual no solo resistimos frente a la discriminación y las LGTBIfobias, sino que defendemos un sistema sanitario inclusivo que atienda nuestras necesidades sanitarias específicas. Y todas juntas, desde Izquierda Unida, nos conjuramos en la acción por la felicidad común, por un mundo nuevo, por un futuro mejor sin VIH/sida.

La X Asamblea Federal de Izquierda Unida desea recoger como propias las reflexiones y propuestas que el Área de Libertad de Expresión Afectivo Sexual de IU (ALEAS) aporta, como parte del conjunto de movimientos, organizaciones y colectivos por la diversidad afectivo-sexual, a la construcción de un pensamiento y una praxis transformadoras en el actual momento político.

En este sentido, consideramos que:

1. El avance de los movimientos por la igualdad de derechos tras más de 35 años de lucha, con la caída de la legislación discriminatoria en el Estado Español, es hoy incontestable, como lo es el incremento de espacios de libertad para todas las preferencias e identidades afectivo-sexuales, pese a la persistencia de la discriminación social y laboral, el olvido de las represaliadas por su identidad, orientación o preferencia afectivo-sexual y las LGTBIfobias cotidianas que sigue siendo necesario combatir activamente.

Desde nuestra perspectiva crítica con el heteropatriarcado, creemos que la transformación social que supone la aceptación y consolidación del derecho al matrimonio igualitario es sólo un paso más en el cuestionamiento de las instituciones del matrimonio o la familia como meras formas de reproducción del orden social capitalista. Este avance legal debe suponer el inicio del debate público sobre la existencia, el respeto y la protección social hacia formas de afectividad, de sexualidad, de familia, de convivencia y de cuidados distintos a la familia nuclear convencional.

Pero, es preciso destacar que los históricos avances logrados hasta ahora no se han producido desde una mera “política neutral” de defensa de los “derechos humanos”, sino mediante la incesante movilización social y la consiguiente presión hacia la evolución de las fuerzas políticas. Fuerzas como Izquierda Unida, con una opción decidida por la igualdad de derechos desde sus orígenes, u otras que incorporaron tales demandas en su agenda a principios del presente siglo.

No obstante, la persistencia de la legislación discriminatoria en el Estado Español entre 1978 y 2005, así como los vergonzosos 7 años que ha tardado el Tribunal Constitucional en considerar aceptable la igualdad de derechos dentro de la actual Constitución, junto con la inexistencia en ella de referencias explicitas a la diversidad afectivo-sexual y a la protección de derechos sociales imprescindibles para su ejercicio efectivo, son varias muestras más de la ineludible necesidad de un nuevo proceso constituyente.

2. La transformación social por la que trabaja Izquierda Unida no se limita a la defensa de los derechos de las llamadas “minorías” afectivo-sexuales, étnicas, culturales o de cualquier otro tipo, sino a la plena consecución de la dignidad de toda la diversidad de la población, que es la que conformamos el 99% que sufre los efectos de la mutilación de derechos y recursos y del austericidio neoliberal.

Entendemos y defendemos que las personas se definen por múltiples identidades que van más allá de las categorías convencionales de mujer y hombre, negro y blanco, homosexual y heterosexual, transexual y cisexual, por más que combatamos las discriminaciones evidentes que persisten todavía contra la homosexualidad, la bisexualidad, la intersexualidad, las personas trans, las personas migrantes y las mujeres en general.

Por ello, defendemos la necesidad de políticas sociales, educativas, culturales y de salud que superen la actual categorización rígida del sistema sexo/género y su inculcación desde la infancia, que está en la base del acoso escolar a la diferencia, de los crímenes de odio y de la patologización de las identidades trans.

En consecuencia desde la X Asamblea Federal de IU urgimos a:

-La modificación de la actual Ley de Identidad de Género y de cuantas normas y protocolos menoscaben la plena autonomía de las personas en las decisiones que afecten a su identidad de género.

-La plena cobertura de la atención social y sanitaria de las personas transexuales, como en tantas otras situaciones en las que se cubren necesidades de salud de la población sin tratarse de enfermedades, en el marco de un sistema de salud público y de calidad, de acceso universal y gratuito.

-La inclusión de la perspectiva de diversidad afectivo-sexual en la legislación y las políticas públicas, en salud, educación y cultura, pero también en lo que afecta a la violencia LGTBIfóbica e intragénero.

-La extensión de las políticas inclusivas de la diversidad afectivo-sexual al conjunto del territorio mediante la asunción de competencias al respecto por las Comunidades Autónomas, superando la situación actual en la que la atención a la diversidad afectivo-sexual depende casi exclusivamente de la presencia de un activo movimiento LGTBI que presiona a los ayuntamientos de grandes ciudades mientras el ámbito rural permanece anclado en la invisibilidad y/o la discriminación.

3. Ninguna de estas reivindicaciones pendientes es posible mediante una “marcha atrás” hacia un “bienestar” y una “igualdad” que nunca alcanzamos por completo, pero cuya inviabilidad dentro de la ortodoxia de la deuda revela ahora los estrictos límites inherentes al capitalismo.

Creemos urgente la necesidad de establecer complicidades políticas y sociales desde abajo en el contexto de una Europa encaminada a una catástrofe social, al “sálvese quien pueda” y a su derivada natural que será el fascismo en forma de asistencialismo para los “buenos” y matonismo fascista para las “parias sociales”, como ya demuestran las acciones de Amanecer Dorado en Grecia.

Por todo ello, llamamos desde aquí a todas las fuerzas de izquierda, a los movimientos antipatriarcales y por la diversidad afectivo-sexual y al conjunto de iniciativas sociales en defensa de las de abajo a la construcción de la necesaria y urgente confluencia para acabar con este gobierno y para la sustitución del sistema capitalista en crisis por otro al servicio de las necesidades y las libertades de la mayoría social.

Desde la izquierda no sólo debemos resistir los embates neoliberales, sino saber tejer alianzas para proponer y crear alternativas al capitalismo. Desde el movimiento feminista defendemos no solo la resistencia frente al machismo, sino también el empoderamiento de las mujeres y la feminización de las políticas. Desde el movimiento por la diversidad afectivo-sexual no solo resistimos frente a la discriminación y las LGTBIfobias, sino que defendemos la búsqueda del placer desde la diversidad como un valor a potenciar. Y todas juntas, desde Izquierda Unida, nos conjuramos en la acción por la felicidad común, por un mundo nuevo, por un futuro mejor.

No al recurso de inconstitucionalidad del PP contra el matrimonio entre personas del mismo sexo

La ley por la que se modificó el Código Civil reconociendo el derecho a contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo constituye uno de los grandes avances en igualdad del colectivo de lesbianas, gays y bisexuales. Con la aprobación de esta norma se produjo un histórico avance en la equiparación legal de un colectivo social que ha sido olvidado y discriminado a lo largo del tiempo. El reconocimiento del derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo ha supuesto un avance democrático que amplía la protección legal a esta realidad familiar y supone, tras décadas de invisibilidad y marginación, un reconocimiento de su dignidad en una sociedad avanzada, plural y diversa.

La igualdad de un colectivo ha de ser completa o, por el contrario, no lo es. Por esta razón es vital respetar la libertad de gays, lesbianas y bisexuales para elegir, en caso de querer afianzar su unión legalmente, entre un matrimonio o una unión de pareja de hecho; sólo así la unión de estas personas se producirá en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.

El 30 de septiembre de 2005 el Partido Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad que cuestiona el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, oponiéndose de ese modo a esta igualdad en el acceso al matrimonio. La presentación de ese recurso ha supuesto una amenaza desde entonces para todas aquellas personas que aspiran a vivir en igualdad y, especialmente, para miles de familias compuestas por gays, lesbianas y bisexuales, con sus respectivos hijas e hijos. Estas familias llevan seis años pendientes de una sentencia que resuelva definitivamente un recurso que sólo persigue anular la extensión de derechos y libertades, que no perjudica a nadie y sí implica el reconocimiento de nuestra plena dignidad ciudadana.

El PP se ha caracterizado históricamente por ser el “partido de la LGTB-fobia” y todavía hoy continúa mostrando sus actitudes discriminatorias e intolerantes. Un partido que cuestiona la dignidad de miles de ciudadanas y ciudadanos recurriendo el reconocimiento de sus derechos civiles no puede ser una alternativa de gobierno en un país democrático. Por todo ello, exigimos una vez más al PP que retire su vergonzante recurso contra los derechos civiles de las personas gays, lesbianas y bisexuales.

Desde la Asamblea de Convocatoria Social defendemos con ahínco los derechos conquistados por el movimiento LGTB y pondremos todos nuestros esfuerzos en evitar que se consuman los retrocesos sociales que la derecha abandera. Sin embargo, también alertamos de los peligros que suponen especialmente para el colectivo LGTB los recortes sociales y los ataques contra el Estado del Bienestar impulsados por PSOE, PP y CIU siguiendo los dictados de los mercados.

Hoy todos los ciudadanos podemos ejercer nuestro derecho al matrimonio, pero seguimos sufriendo la precariedad, el desempleo o el acoso escolar y laboral. Hemos conquistado la igualdad legal, ahora debemos seguir defendiéndola en las calles y en las instituciones, pero sin olvidar que la igualdad social y real es todavía una asignatura pendiente. Reafirmamos nuestro sólido compromiso con la diversidad y lucharemos con el movimiento LGTB por nuevos avances en favor de la igualdad plena.