Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición No de Ley sobre medidas de apoyo a la erradicación del Virus de Inmunodeficiencia Humana o VIH, a través de un Proyecto de Ley Integral de acción contra el VIH/Sida, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados.

Exposición de motivos

Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, ONUSIDA, desde el año 1981, año de inicio de la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana o VIH, se han infectado en todo el mundo 65 millones de personas, y se estima que cada año contraen el virus entre 2 y 3 millones de personas más.

En España se estima que cada año contraen el virus entre 3.500 y 4.000 personas, afectando ya a un total de 150.000 personas. De los nuevos diagnósticos, un 45% son tardíos, lo que complica no sólo la puesta en marcha del protocolo sanitario sino la recuperación de la propia persona. En la actualidad, se producen anualmente más de 1.000 muertes a lo largo de todo el Estado español por enfermedades asociadas al Sida. Además, unas 50.000 personas que han contraído el virus desconoce que lo tiene, suponiendo un tercio del total, lo que aumenta las posibilidades de infección a terceras personas, siendo de hecho este desconocimiento el causante de más del 70% de las nuevas transmisiones.

Es una demanda reconocida por toda la comunidad internacional el importante papel de los poderes políticos nacionales e internacionales a la hora de poner freno a este drama global. La incapacidad de administrar tratamiento antirretroviral contra el VIH/Sida a las millones de personas que lo necesitan a lo largo mundo constituye desde hace ya demasiados años una emergencia sanitaria mundial que debe ser resuelta con la mayor brevedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que de estas 46 millones de personas infectadas actualmente por el VIH, 6 millones de ellas necesitan urgentemente ser tratadas con medicación antirretrovírica, habida cuenta del avanzado estado de su enfermedad. Situación en la que en nuestro país se encuentran más de 10.000 personas a día de hoy.

Por su parte, la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa ha manifestado que los recortes presupuestarios que se están llevando a cabo a nivel comunitario no deben afectar a los programas preventivos o de tratamiento precoz de las enfermedades infecciosas ya que, de lo contrario, dichas políticas repercutirán en un aumento de casos de infecciones como el VIH.

Por desgracia, en nuestro país, el Gobierno del Partido Popular sigue alejándose del compromiso adquirido con los objetivos de ONUSIDA, OMS, OIT y UNGASS para el periodo 2011-2015. Dicha estrategia no pretende más que seguir progresando a nivel mundial en el camino hacia los objetivos de acceso universal a los servicios de prevención, atención y apoyo relacionados con el VIH, así como para detener y reducir la propagación del virus.

Actualmente, parece que el Gobierno del Partido Popular no es todavía consciente de la magnitud del problema, y prefiere mirar hacia otro lado a la hora de tomar medidas verdaderamente contundentes siempre y cuando estas afecten positivamente a la ciudadanía. ¿Cómo sino podría explicarse un recorte presupuestario del 80% en el Plan Nacional sobre el Sida en sólo 2 años? ¿Cómo puede el Ejecutivo explicar que en 2013 las entidades encargadas de la prevención y seguimiento de la población con VIH cuenten con un presupuesto total de 1 millón de euros, cuando 2 años antes, en 2011, el presupuesto era de 4,5 millones?

O dicho de otra manera: ¿Cómo se pueden cumplir con los compromisos adquiridos nacional e internacionalmente mermando la capacidad de respuesta de las organizaciones que trabajan en la prevención y el apoyo a las personas afectadas por el VIH? No se nos ocurre más respuesta que el desinterés y la falta de voluntad política.

Recordamos la perversa y cínica situación que se vive en nuestro país desde que se dificultó el acceso universal al tratamiento por VIH, pero no así la prueba de diagnóstico de la infección. Desde la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012 en materia sanitaria, y a partir de su puesta en vigor 31 de agosto de 2012, la población inmigrante en situación irregular queda fuera del Sistema Nacional de Salud (SNS). Con lo que desde hace más de un año, dichas personas pueden hacerse la prueba de diagnóstico pero no seguir un tratamiento en caso de dar positivo en dicha prueba. Esta situación, además de la desatención sanitaria de miles de personas, supone de manera inevitable y obvia una pérdida de control sobre la evolución de la infección y un incremento del número de transmisiones.

Unida a la anterior, el copago sanitario impuesto por el Gobierno es otra de las medidas que atentan contra la salud de las personas con VIH, puesto que supone dificultar el acceso a los fármacos de dispensación hospitalaria y productos sanitarios básicos a las personas con menos recursos económicos, si no la privación completa del servicio.

Consideramos que estas medidas suponen un retroceso de 20 años respecto a todos los avances legales y sociales alcanzados mediante la incesante movilización social, la presión y el esfuerzo de miles y miles de activistas, asociaciones, organismos, Administraciones públicas y otros agentes sociales involucrados en la erradicación de esta pandemia. Es por ello que se hace más que necesario el establecimiento de nuevas políticas que aseguren una estrategia clara ante esta alarmante situación, o nos enfrentaremos en los próximos años a consecuencias socio-sanitarias sin precedentes.

Por todo ello presentamos la siguiente:

Proposición No de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, junto con las entidades encargadas de la prevención y seguimiento de la población con VIH, y a presentar en la Cámara Baja, un Proyecto de Ley Integral de acción contra el VIH/Sida, que incluya las siguientes medidas:

1. El cumplimiento de los compromisos económicos y de cooperación adquiridos en los acuerdos internacionales en el ámbito de VIH y sida ante organismos como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), la Sección Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Parlamento Europeo (PE) para alcanzar el llamado Objetivo Cero: cero nuevas infección por el VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el Sida.

2. El cumplimiento de los objetivos y compromisos de acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo para el VIH suscritos en la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de 2011.

3. Fortalecer y reafirmar la presencia en el Fondo Global para la lucha contra el Sida, así como en la Iniciativa Internacional para la Vacuna del Sida (IAVI).

4. Propiciar y participar en la construcción y apoyar un marco mundial de innovación médica que asegure el acceso y la disponibilidad de medicamentos y herramientas de salud del VIH/Sida para los ciudadanos de todos los países, proponiendo un modelo que elimine las barreras actuales de acceso y promoviendo una I+D en salud que beneficie la salud de todas las personas.

5. Incrementar el apoyo a los trabajos de I+D sobre nuevos medicamentos y herramientas de salud del VIH/Sida que se llevan a cabo en centros de investigación y desarrollo en cualquier punto del Estado Español, sin discriminación geográfica alguna.

6. Incrementar la partida presupuestaria y asegurar la transparencia en los criterios de concesión a las entidades responsables.

7. Garantizar el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para todas las personas, por tanto, sin exclusión de las personas refugiadas e inmigrantes no regularizadas, no sólo por motivos solidarios y de justicia social, sino también de salud pública, especialmente evidente en el caso de la infección por VIH, ya que estos colectivos suponen una parte relevante de los nuevos diagnósticos. En general, se deberá promover y facilitar el acceso a la prueba del VIH de forma anónima, confidencial y gratuita a toda la población que desee conocer su estado serológico. Igualmente, se promoverá el diagnostico precoz y hacer de la prueba del VIH una acción para el trabajo efectivo en la prevención del VIH ofreciendo consejo asistido previo al resultado y tras el mismo.

8. Ofrecer un posicionamiento favorable en relación al Pacto Social por la No Discriminación asociada al VIH/Sida, así como favorecer todos los marcos de diálogo que dicho pacto necesite para su aplicación.

9. Adecuar la catalogación de la infección por VIH como enfermedad infecto-transmisible en lugar de enfermedad infecto-contagiosa, denominación esta última que carece de rigor científico y cuyas consecuencias se viene observando que derivan en situaciones gravemente discriminatorias para las personas que viven con VIH, en especial en el acceso a bienes y servicios. Esta modificación ha de ser incorporada a la legislación y normativa vigente en materia de acceso a bienes y servicios por medio de las modificaciones pertinentes al respecto.

10. Reforzar la Secretaría del Plan Nacional del Sida (SPNS), como organismo coordinador de la respuesta española al VIH, así como la participación y coordinación con las ONGs de lucha contra el VIH y atención a las personas que viven con VIH/Sida. Dicha Secretaría deberá velar por la elaboración de un nuevo Plan Multisectorial frente a la infección por VIH/Sida en España 2013-2017. Además, apoyará la existencia y desarrollo de los Planes o Servicios Autonómicos de respuesta al VIH. Finalmente, será necesaria su labor de garantizar la continuidad de los programas desarrollados por las ONGs con el fin de evitar la desatención de las miles de personas que están detrás de estos servicios.

11. Colaborar con las Conserjerías de Sanidad de los distintos gobiernos autonómicos para desarrollar un plan regional para el fomento y la accesibilidad de la prueba rápida de detección del VIH de manera anónima y gratuita, así como el posterior seguimiento y tratamiento del virus.

12. La extensión a las Comunidades Autónomas no incluidas en el Sistema de Información de Nuevos Casos de infección por VIH confidencial y anónimo, de manera coordinada entre las Administraciones públicas, las ONGs, y las demás organizaciones encargadas de la prevención y seguimiento de las personas con VIH/Sida. De esta manera se pretende disminuir el impacto personal y social de la infección por VIH; conocer la evolución epidemiológica de la infección por VIH en el Estado español; orientar las acciones de prevención y control de la infección del virus, así como conocer las características clínicas de las personas recientemente infectadas.

13. Crear un Plan General para la Promoción de los Estilos de Vida Saludable, abordando los factores protectores de la salud, como la resiliencia, pero también la prevención de otros problemas de salud que afectan a las personas con VIH como el uso problemático de sustancias perjudiciales para el organismo (tabaco, alcohol y otras drogas o sustancias), el incumplimiento terapéutico, el uso inadecuado de los servicios de salud, etc.

14. Desarrollar un Plan General de Educación Afectivo-Sexual y de Género orientada a la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), como el VIH. Es imprescindible que se pongan en marcha programas, proyectos y campañas específicas de información y prevención del VIH para la población en general. De igual manera, se atenderá a las necesidades de los diferentes grupos sociales, enmarcando estos programas y estrategias en las necesidades y características específicas de cada sector de la población a la que se dirijan.

15. Incluir el tratamiento del Síndrome de Lipodistrofia dentro del ámbito de la sanidad pública. Al estar aceptado que el Síndrome de Lipodistrofia guarda relación directa con el tratamiento de la infección por VIH, han de ser considerado como derivación del proceso asistencial, y ser beneficiario de todas las demás medidas relacionadas con el VIH.

16. Desarrollar un Plan General de Reinserción Laboral y Contra la Exclusión Social para todas las personas con VIH/Sida, en el que deberán constar, entre otras, las siguientes medidas: favorecer en el empleo público a las personas con VIH, para contrarrestar de esta manera la situación de discriminación que sufren en el ámbito privado; implementar procesos de sensibilización con campañas de concienciación social en relación a la normal capacitación profesional de las personas con VIH; establecer exenciones y beneficios fiscales para aquellas empresas que empleen personas con VIH; ofrecer formación específica al personal de Recursos Humanos, en su calidad de empleadores o responsables de grupos de personas; ofrecer, asimismo, formación a los representantes de los trabajadores; establecer mecanismos de cooperación entre ONGs, asociaciones empresariales, gremiales, sindicales y mutuas; fomentar la creación de comisiones paritarias que impulsen y diseñen políticas de inserción, etc.

17. Creación de un plan específico de formación para profesionales y centros del ámbito sanitario. La elaboración y aplicación del plan debe perseguir, entre otros, los siguientes objetivos: proteger debidamente los historiales clínicos de las personas con VIH/Sida, así como la privacidad de dichas personas; capacitar al personal sanitario para el trato y tratamiento específico de las personas con VIH/Sida; la no discriminación de personas con VIH/Sida respecto al resto de pacientes; la generalización de las medidas universales de protección; la obligación de contar con el consentimiento del paciente, familiares o tutores legales para poder realizar la prueba de diagnóstico del virus, etc.

18. Elaborar en colaboración con las entidades representativas de la prevención, seguimiento y participación en el ámbito del VIH un proyecto de ley que abarque y regule las medidas anteriormente citadas.

Palacio del Congreso de los Diputados

Madrid, a 8 de noviembre de 2013.

Fdo: D. Gaspar Llamazares Trigo

Diputado IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

La diputada de IU y portavoz parlamentaria en la Comisión de Igualdad reclama también al Ejecutivo del PP que manifieste públicamente “la intención de llevar a estudio y consulta la participación del equipo olímpico español en los Juegos de Invierno de 2014”.

La diputada de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Igualdad, Ascensión de las Heras, ha registrado en el Congreso una iniciativa parlamentaria para que la Cámara Baja inste al Ejecutivo a “manifestar formalmente la preocupación y repulsa del Gobierno español ante las autoridades rusas por la escalada de LGTBIfobia institucional en el país”.

Con esta proposición no de ley (PNL) la diputada de IU sale al paso del “violento clima de LGTBIfobia que se vive en Rusia”, así como a la “LGTBIfobia persistente en otros países del planeta (76 países tienen leyes similares o incluso peores). Pero el caso de Rusia está siendo, si cabe, más preocupante y peligroso al ser tomado como ejemplo y modelo a seguir por grupos LGTBIfóbicos en países occidentales”.

Otra de las demandas que incluye la iniciativa firmada por De las Heras exige “al Gobierno de Rusia el cumplimiento de las leyes internacionales como miembro del Consejo de Europa y los compromisos adquiridos respecto al Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

La parlamentaria madrileña de IU recuerda que “la Red LGTB rusa asegura que el acoso hacia el colectivo LGTBI está siendo organizado a nivel nacional, por primera vez, a través de grupos de extrema derecha conocidos como Occupy Gerontofilia y Occupy Pedofilia, que utilizan las redes sociales y que aseguran estar intentando ‘reformar’ a las personas LGTBI”.

En este marco, se reclama también al Gobierno que manifieste públicamente “la intención de llevar a estudio y consulta la participación del equipo olímpico español en los Juegos de Invierno de 2014”, previstos para febrero de ese año en la ciudad rusa de Sochi, así como que proceda a la “petición formal ante la UE para que tome, en el marco de los acuerdos internacionales con Rusia, las medidas necesarias en favor del respeto y cumplimiento de los DD.HH. del colectivo LGTBI en dicho país”.

La iniciativa, elaborada en colaboración con el Área Federal de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS-IU), plantea que “la nueva política represiva llevada a cabo por el Gobierno de Vladimir Putin, así como los crímenes de odio consentidos por la Administración rusa que han tenido lugar en los últimos días contra la comunidad LGTBI, hacen ineludible que el Gobierno español se pronuncie y repruebe con firmeza las acciones emprendidas por Rusia, defendiendo el derecho de todas las personas a vivir su sexualidad y su identidad de género en libertad e igualdad”.

“Amnistía Internacional –señala específicamente De las Heras- ha manifestado que la ley que declara ilegal la ‘propaganda de la homosexualidad entre menores de edad’ restringe derechos humanos fundamentales y vulnera la obligación de Rusia, en virtud del derecho internacional, de proteger de la discriminación a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI)”.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL presenta la siguiente Proposición No de Ley para su debate en la Comisión de Igualdad sobre medidas para la protección de los Derechos Humanos del colectivo LGTBI en Rusia.

El violento clima de LGTBIfobia que se vive en Rusia tras ser aprobadas por el Gobierno de Vladimir Putin las leyes que prohíben la “propaganda homosexual” y la adopción por parte de parejas del mismo sexo extranjeras, se suma a la LGTBIfobia persistente en otros países del planeta (76 países tienen leyes similares o incluso peores). Pero el caso de Rusia está siendo, si cabe, más preocupante y peligrosa al ser tomada como ejemplo y modelo a seguir por grupos LGTBIfóbicos en países occidentales.

La Red LGTB rusa asegura que el acoso hacia el colectivo LGTBI estaba siendo organizado a nivel nacional, por primera vez, a través de grupos de extrema derecha conocidos como Occupy Gerontofilia y Occupy Pedofilia que utilizan las redes sociales y que aseguran estar intentando “reformar” a las personas LGTBI.

Amnistía Internacional ha manifestado que la ley que declara ilegal la “propaganda de la homosexualidad entre menores de edad” restringe derechos humanos fundamentales y vulnera la obligación de Rusia, en virtud del derecho internacional, de proteger de la discriminación a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI).

Esta inaceptable situación está poniendo en cuestión la idoneidad para que los juegos olímpicos de invierno se celebren en Sochi. El Ministerio del Interior de Rusia ha confirmado que la ley contra la llamada “propaganda homosexual” será aplicada con todo rigor durante su celebración, también a atletas y visitantes extranjeros. Y además de enfrentarse al arresto por parte de la policía rusa, el Comité Olímpico Internacional (COI) habría anunciado que los atletas que apoyen de forma visible la causa LGTBI podrían ser sancionados con incluso la descalificación.

Desde la Izquierda Plural creemos que la nueva política represiva llevada a cabo por el gobierno de Vladimir Putin, así como los crímenes de odio, consentidos por la Administración rusa, que han tenido lugar en los últimos días contra la comunidad LGTBI hace ineludible que el gobierno español se pronuncie y repruebe con firmeza las acciones emprendidas por Rusia, defendiendo el derecho de todas las personas a vivir su sexualidad y su identidad de género en libertad e igualdad.

Por todo ello se presenta la siguiente:

Proposición No de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Manifestar formalmente la preocupación y repulsa del Gobierno español, ante las autoridades rusas, por la escalada de LGTBIfobia institucional.

2. Exigir al Gobierno de Rusia el cumplimiento de las leyes internacionales como miembro del Consejo de Europa y los compromisos adquiridos respecto al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

3. Manifestar la intención de llevar a estudio y consulta la participación del equipo olímpico español en los Juegos de Invierno de Sochi 2014.

4. Pedir formalmente a la UE que adopte en el marco de los acuerdos internacionales con Rusia las medidas necesarias en favor del respeto y cumplimiento de los DDHH del colectivo LGTBI en dicho país.

Palacio del Congreso de los Diputados

Madrid, a 3 de septiembre de 2013.

Dª Ascensión de las Heras Ladera 

Diputada IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

D. José Luis Centella Gómez

Portavoz IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

Esta iniciativa del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural instando al Gobierno de Rajoy a la aprobación de una ley integral contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género fue debatida y sometida a votación el jueves, 27 de junio, en el Congreso de los Diputados.

La Proposición No de Ley para impulsar una “Ley Integral contra la LGTBIfobia y por el respeto a la diversidad sexo-genérica” que el pasado jueves presentó en la Comisión de Igualdad del Congreso la diputada de IU Ascensión de las Heras fue rechazada con el voto en contra del PP y las abstenciones de CiU y PNV, a pesar de haber contado con el voto favorable de la Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-CHA), el PSOE, UPyD y el Grupo Mixto.

Esta iniciativa parlamentaria fue registrada en la Cámara Baja el pasado mes de mayo, en el marco de la celebración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, como resultado de un amplio proceso de elaboración conjunta entre IU, a través de su área de libertades afectivo-sexuales, y varias organizaciones sociales LGTBI, como FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) y ATA (Asociación de Transexuales de Andalucía).

Para Alberto Hidalgo, coordinador de ALEAS-IU (Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida), “con esta votación parlamentaria la derecha hace gala de su renovada LGTBIfobia, entorpeciendo irresponsablemente el avance de normas que pueden contribuir de forma decisiva a impulsar la igualdad social y real del colectivo LGTBI, también de las y los jóvenes LGTBI y las personas transexuales, que continúan siendo especialmente invisibilizadas y discriminadas”.

Además, el coordinador de ALEAS-IU ha recordado que el voto contrario del PP “ignora por completo el acuerdo alcanzado la semana pasada por los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea, incluido el español, para proteger y potenciar más los derechos de las personas LGTBI en los países de la Unión, acuerdo que es vinculante para todos los Estados miembros”.

Según Hidalgo “a pesar de tratarse de una oportunidad perdida para alcanzar un compromiso institucional firme y unánime contra la LGTBIfobia, el recorrido de esta iniciativa no termina aquí”. “IU, junto al movimiento LGTBI, seguirá luchando en las calles y trabajando en las instituciones para que más temprano que tarde sea aprobada una legislación específica que persiga y combata la LGTBIfobia en todas sus formas” ha declarado.

La diputada de IU María Espinosa ha afirmado que la celebración del Orgullo LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) se ha convertido en un acontecimiento de "interés mundial" y ha pedido a la Comunidad de Madrid que "reconozca su dimensión social y de interés público igual que hizo con otros acontecimientos como la Jornada Mundial de la Juventud Católica (JMJ)".

Espinosa ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) que su Grupo llevará a la Diputación Permanente en la que se insta al Gobierno regional a firmar un convenio entre la Comunidad y las entidades sociales organizadoras del Orgullo LGTBI para adecuar los servicios públicos al evento con el fin de atender a los asistentes de la mejor forma posible.

La diputada ha precisado que dicho convenio establecerá la colaboración en materia de transportes para facilitar la movilidad por la ciudad, elaborando programas de ayuda e información de itinerarios, y la disponibilidad de la red pública de colegios, institutos y albergues para el alojamiento de los asistentes y la celebración de actos relacionados con el Orgullo LGTBI.

Asimismo, la PNL propone la intensificación de los servicios sanitarios hospitalarios, así como del SUMMA 112 para el establecimiento de hospitales de campaña allí donde se agrupen multitudinariamente las personas, y la coordinación de los servicios de protección civil y seguridad para hacer efectiva la protección de cuantos asisten al evento.

También se alude a la coordinación con los medios de comunicación y oficinas de turismo, en concreto, la cesión de espacio informativo en Telemadrid y la colaboración en la difusión del desarrollo del Orgullo LGTBI, y la celebración de actos culturales complementarios, especificando los locales más adecuados para cada evento.

"La cesión de espacios y la prestación de servicios públicos propios no supondrá, en ningún caso, la implementación de ninguna partida extraordinaria de gasto para el presupuesto de la Comunidad de Madrid, tal y como se ha realizado en anteriores eventos de similar dimensión al Orgullo LGTBI", ha aseverado la portavoz de IU.

"No hay duda de que el Orgullo LGTBI tiene la misma dimensión y trascendencia social, al menos, que otros eventos celebrados recientemente en nuestra Comunidad, como las JMJ, y por tanto exigimos el reconocimiento de su repercusión nacional e internacional y que desde las instituciones se actúe en consecuencia", ha destacado.

Por su parte, la presidenta de COGAM Madrid, Esperanza Montero, ha demandado un mayor compromiso de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid "en una celebración de respeto a la diversidad en la que se implica toda la ciudadanía" y ha denunciado que la alcaldesa, Ana Botella, "no se ha sentado en ningún momento con los colectivos".

Asimismo, la secretaria de la FELGTB, Amanda Rodríguez, ha destacado la necesidad de contar con el apoyo de las administraciones para asentar la celebración del Orgullo LGTBI y lograr una igualdad real y plena. "No podemos ser menos que otros colectivos, como el de los jóvenes católicos, pedimos que se nos atienda de la misma manera", ha apostillado.

Finalmente, Victor Huedo, de la Fundación Triángulo, ha apuntado que "aún no se ha conseguido la igualdad social" y por ello, "hasta que se logre, es necesario el apoyo en todos los niveles, incluidos sectores como el ocio y la cultura".

Fuente: http://www.europapress.es

Exposición de motivos

1. Existe discriminación

En los últimos años, ha existido un reconocimiento formal de derechos a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, fruto de la movilización social, la sensibilización y la concienciación ejercida por parte de las organizaciones LGTBI, protagonistas en los importantes avances que se han ido alcanzando a lo largo de los años. Pero testigos también de los retrocesos que actualmente se están dando en materia de derechos y libertades de la población LGTBI: el bullying y el mobbing LGTBIfóbicos, la exclusión sociolaboral de las personas transexuales, la elevada prevalencia de VIH en el grupo de HSH, las medidas legales que llevan a algunos países a criminalizar al colectivo LGTBI, y un largo etcétera. Ante estas dramáticas situaciones, todavía sigue siendo necesario celebrar el Orgullo LGTBI, cada 28 de junio, con el fin de reivindicar la igualdad y la diversidad, así como para denunciar la desigualdad y la discriminación.

2. Historia del Orgullo

Este evento tiene su origen en la madrugada del 28 de junio de 1969, cuando la policía irrumpió en el neoyorkino bar Stonewall Inn (establecimiento de referencia para los colectivos LGTBI) para llevar a cabo una redada indiscriminada, que provocó una batalla campal donde las personas LGTBI fueron maltratadas y despreciadas por la policía. Los disturbios acabaron con muchas personas heridas y detenidas. Así, esta revuelta dio lugar a la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) que hoy se celebra los días 28 de junio en todo el mundo.

Las primeras celebraciones en nuestro país, fueron manifestaciones ilegalizadas durante el franquismo y la transición. Fueron marchas formadas por muy pocas personas, recibidas con desprecio e insultos en la Puerta del Sol. Sin embargo, en los últimos años, más de un millón de manifestantes tanto madrileñas, como españolas y de otros países, colapsan la Gran Vía de Madrid en la celebración reivindicativa del 28 de junio. Esta marcha multitudinaria se ha convertido en un acontecimiento de interés mundial.

Además de la manifestación, el Orgullo LGTBI lleva aparejado un gran número de eventos culturales y políticos de debate, celebración, reivindicación y lucha por una causa: la igualdad real, el reconocimiento de derechos y la visibilidad de la diversidad afectivo-sexual. En la celebración de estos eventos, se han implicado históricamente diversos colectivos sociales y políticos, que han logrado multiplicar el interés de la sociedad por este acontecimiento.

El Orgullo LGTBI es una movilización social que no renuncia a ser, además, una fiesta vecinal y popular para celebrar y hacer visible la diversidad afectivo-sexual. Es una manifestación política, que debe alejarse de intereses particulares y empresariales para no perder su espíritu reivindicativo.

3. Implicación institucional y social

El Orgullo LGTBI, debe ser una convocatoria promovida por el tejido asociativo LGTBI, a través de coordinadoras o asambleas, y apoyado por otras organizaciones políticas, sociales y sindicales comprometidas firmemente con la causa de la igualdad y la diversidad. Si bien, también ha de contar con el respaldo y la implicación directa de las instituciones municipal y regional, que deben dar el soporte material necesario para un evento del prestigio e incidencia internacional como es el Orgullo LGTBI.

4. Competencia autonómica

Es responsabilidad de la Comunidad de Madrid, impulsar estos actos de participación política de la ciudadanía, de reconocimiento de derechos y de reivindicación de la igualdad. Así lo exige el Estatuto de Autonomía en su artículo 7.4º: “Corresponde a los poderes públicos de la Comunidad de Madrid promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de la los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Igualmente, la Comunidad velará por un ordenado y seguro desarrollo de los espectáculos públicos, conciliando todos los derechos e intereses de la ciudadanía, velando por la protección del medio ambiente, la protección de asistentes y la eliminación de las barreras a la diversidad funcional.

Tanto es así, que la Comunidad de Madrid ha sido receptora de otros eventos de similares dimensiones y necesidades materiales, implicándose en la buena marcha de los mismos.

No hay duda de que el Orgullo LGTBI tiene la misma dimensión y trascendencia social, al menos, que otros eventos celebrados recientemente en nuestra Comunidad, como las Jornadas Mundiales de la Juventud Católica y, por tanto, exigimos el reconocimiento de tal dimensión social, interés público y repercusión nacional e internacional y, por ende, que desde las instituciones se actúe en consecuencia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario IU-LV presenta, para su debate ante el Pleno de la Cámara, la siguiente:

Proposición No de Ley

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a adoptar las medidas necesarias para implicar a la Comunidad de Madrid en el adecuado desarrollo del Orgullo LGTBI:

1. Promover la firma de un convenio entre la Comunidad de Madrid y las entidades sociales organizadoras del Orgullo LGTBI que garantice:

-la necesaria adecuación de los servicios públicos que requieran el especial carácter y dimensión de la celebración y

-la atención a las necesidades de las personas asistentes al evento, así como el ofrecimiento de la mejor muestra de hospitalidad, con nuestros servicios públicos de calidad.

Para ello, se establecerán los mecanismos de coordinación necesarios entre la Comunidad de Madrid y las entidades sociales organizadoras. Y se promoverá su celebración cada año.

2. Incorporar a dicho convenio al menos, y sin perjuicio de otras necesidades que se determinen en el futuro, la colaboración en las siguientes materias y finalidades concretas:

-Transportes, para que se puedan arbitrar las medidas necesarias que faciliten la movilidad de las personas participantes durante su estancia en la Comunidad de Madrid, así como para la elaboración de los programas de ayuda e información de itinerarios.

-Disponibilidad y adaptación de la red pública de colegios e institutos, así como de los albergues de la Comunidad de Madrid, para el alojamiento y pernoctación de las personas participantes y para la realización de actos, encuentros y reuniones relacionados con el Orgullo LGTBI.

-Intensificación de los servicios sanitarios hospitalarios, así como del SUMMA 112, para el establecimiento de hospitales de campaña allí donde se agrupen multitudinariamente las personas que asistan a los actos principales de la celebración.

-Coordinación de los servicios de protección civil y seguridad para hacer efectiva la protección de cuantas personas acudan al acontecimiento.

-Coordinación con los medios de comunicación y oficinas de turismo, en concreto, la cesión de espacio informativo en TeleMadrid y colaboración en la difusión del desarrollo del Orgullo LGTBI.

-Preparación, ejecución y desarrollo de actos culturales complementarios de la celebración, con determinación de los locales más adecuados para cada evento, a modo que resulten adecuados al carácter reivindicativo y lúdico que es propio de la Jornada.

A través de la cesión de espacios y prestación de servicios públicos propios, no supondrá, en ningún caso, la implementación de ninguna partida extraordinaria de gasto para el presupuesto de la Comunidad de Madrid, tal y como se ha realizado en anteriores eventos de similar dimensión al Orgullo LGTBI.

Fdo: Dª. María Espinosa de la Llave

Diputada Grupo Parlamentario de IU-LV

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo a la igualdad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales a través de la aprobación de una Ley Integral contra la LGTBfobia y por el respeto a la diversidad sexo-genérica, para su debate en la Comisión de Igualdad del Congreso.

Exposición de motivos

En los últimos años la diversidad sexo-genérica ha marcado la agenda política a través del reconocimiento jurídico de los derechos de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB). Estos avances en favor de la igualdad, como no podría ser de otra manera, responden a la movilización ejercida por parte de diversos colectivos y asociaciones hacia ciertos sectores de la sociedad que se resistían a reconocer los derechos y libertades civiles de toda la ciudadanía. Gracias a este trabajo de sensibilización y concienciación social, hoy las personas LGTB del Estado español disfrutan de ciertos derechos que les eran negados hasta hace apenas unos años.

No obstante, la conquista de estos históricos avances no permite afirmar que las personas LGTB gocen en la actualidad de la plena ciudadanía. Por desgracia, diferentes circunstancias hacen que aún hoy sean jurídica y socialmente consideradas como ciudadanos y ciudadanas de segunda.

Con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en España se avanzó considerablemente en libertad e igualdad; nuestro país se convirtió en el tercero del mundo en reconocer un derecho reivindicado desde hacía mucho tiempo por personas que vivían sus relaciones afectivo-sexuales en la sombra. Gracias a este hito, la sociedad española en su conjunto dio un decidido paso en favor de la igualdad. Aun así, los retos no han parado de crecer, los ataques constantes contra los derechos de las personas LGTB denotan todavía una discriminación que se agudiza en los entornos laborales, escolares y de ocio. Los ambientes en los que crece y se desarrolla la persona todavía están repletos de prejuicios hacia las personas LGTB, que recalcamos, no son diferentes, sino parte y riqueza de nuestra sociedad. Frente a ello se demanda un cambio desde las instituciones públicas a favor de la adopción de medidas que palíen las injusticias y discriminaciones que aún persisten.

Como ejemplo de esta situación, y según datos de la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales), más del 50% de los adolescentes y jóvenes LGTB sufre acoso escolar LGTBfóbico, de ellos casi la mitad (43%) llega a plantearse el suicidio y el 17% incluso llega a atentar contra su propia vida. Ante esta dramática realidad se hace más que evidente que las personas LGTB no gozan hoy de la plena igualdad real y efectiva. Más aún, ni siquiera los sucesivos gobiernos han propiciado que se reconozca de forma completa, integral y transversal su igualdad formal completa.

Para ejemplificarlo, traemos a colación los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, referidas a la igualdad de derechos e igualdad ante la ley. Debe contemplarse el reconocimiento efectivo de los derechos de este colectivo social, que aún padece una fuerte discriminación. No podemos tampoco obviar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/2007), que es menospreciada ante cada ataque que padecen las personas que poseen una orientación sexual y/ una identidad de género diferente a la heterosexual/cisexual.

El problema de la fobia contra lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, afecta a diversos aspectos y ámbitos, por lo que se impone la necesidad de un tratamiento integral y transversal de esta realidad. La lacra social de la discriminación contra estas personas no puede combatirse sólo con medidas de aceptación y consolidación de ciertos derechos y libertades reconocidos previamente al resto de la población. La aversión de algunos sectores de la sociedad a la diversidad sexo-genérica debe atajarse con un completo paquete de medidas que estén orientadas tanto a la educación y sensibilización, como a la visibilización de las personas LGTB, ya sea tanto de manera individual como colectiva.

Este problema que ponemos de manifiesto, es lo suficientemente importante, posee tanta complejidad y afecta a tal cantidad de personas, que la mejor forma de abordarse es de manera estructural. El actual marco jurídico ofrece espacio más que suficiente para abordar estas problemáticas. Lo único necesario ahora es demostrar la voluntad política para aplicar estas necesarias medidas, que, sin duda, contribuirán a mejorar considerablemente la calidad de vida de miles de ciudadanas y ciudadanos de manera casi instantánea, además de crear empleo de calidad y con derechos.

La profundización de la igualdad jurídica y el avance hacia la igualdad real y efectiva, lo que reconocería la plena ciudadanía a toda la población sin cuestionar su orientación sexual y/o su identidad de género, requieren aprobar y desarrollar de forma prioritaria las siguientes medidas contra la LGTBfobia y por el respeto a la diversidad sexo-genérica.

Proposición no de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, junto al tejido asociativo LGTB, y a presentar en la Cámara Baja un Proyecto de Ley Integral contra la LGTBfobia y por el respeto a la diversidad sexo-genérica que incluya las siguientes medidas:

1. Aplicación efectiva del Código Penal Español en sus artículos 22, 314, 510, 511, 512 y 515, en los que se tipifica como delito, entre otros, la discriminación, el odio y la violencia por motivos de orientación sexual. Asimismo, modificación de dichos artículos del CPE para explicitar también como agravante la discriminación por motivos de identidad de género.

2. Creación de un Observatorio de la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género: no sólo como mero organismo para la sensibilización, sino con la equipación necesaria en servicios, recursos y herramientas efectivas, que plasme el resto de medidas de la Ley. Éste debe ser un órgano vinculante y participativo, no debe tener un perfil exclusivamente administrativo-gubernamental.

3. Creación de una Fiscalía Específica contra la Discriminación a las Personas LGTB, que se encargue de canalizar judicialmente de oficio todos los casos de incumplimiento de la Ley en esta materia.

4. Implementación de medidas en apoyo a las personas LGTB, iniciativas tales como la creación de un servicio telefónico de atención a las personas discriminadas o maltratadas por razón de su orientación sexual y/o identidad de género; así como un servicio público de atención inmediata en cuestiones jurídicas, psicológicas, sanitarias, etc.

5. Retirada inmediata de toda subvención o ayuda económica del Estado a las entidades públicas o privadas (políticas, sociales, religiosas...) que con sus actuaciones o declaraciones fomenten el odio o la discriminación hacia las personas LGTB o cuestionen sus derechos de plena ciudadanía.

6. Lanzamiento de un plan de subvenciones públicas en apoyo económico a las organizaciones sociales LGTB que trabajan por el respeto a la diversidad sexo-genérica.

7. Garantía de reconocimiento de los derechos de filiación de las parejas del mismo sexo que no han deseado casarse o que tuvieron hijos/as antes de la aprobación de la Ley que modificó el Código Civil para reconocer el matrimonio igualitario (13/2005).

8. Desarrollo de políticas de igualdad de género más plurales: orientadas a la inclusión de la realidad de las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales en los planes de igualdad entre hombres y mujeres, y en las políticas de mujer en general.

9. Inclusión del enfoque LGTB en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, la actual Ley del Menor, con el objetivo de atajar el acoso por razón de orientación sexual y/o identidad de género en personas menores de edad.

10. Actuación en pos de hacer efectiva la ley 20/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, a través tanto de la prestación oportuna de esta información a las personas migrantes, como de la creación de medios en general para la concesión efectiva de asilos, en especial en el supuesto explícito de persecución por orientación sexual y/o identidad de género.

11. Inclusión de la realidad y la problemática de las personas menores de edad e inmigrantes en las políticas destinadas a las personas transexuales.

12. Garantía de inclusión en la Sanidad Pública, a través del catálogo general del Servicio Nacional de Salud, del proceso integral de atención a personas transexuales, incluyendo las cirugías de reconstrucción genital.

13. Eliminación de los conceptos de “disforia de género” y “trastorno de la identidad” de la legislación pública y del marco normativo y administrativo médico español.

14. Garantía efectiva del derecho de acceso de las mujeres lesbianas y bisexuales al proceso de reproducción asistida incluido en el sistema sanitario público.

15. Impulso a la adecuada formación de profesionales sanitarios en las necesidades específicas de la salud sexual y reproductiva de las personas LGTB, especialmente de las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales. Además, desarrollo de los oportunos programas de investigación sanitaria vinculada a la diversidad sexo-genérica, con especial énfasis en la intersexualidad.

16. Invitación de las diversas organizaciones sociales LGTB a participar en el Consejo Social de Salud con el objetivo de aportar su enfoque con respecto a las problemáticas relativas a la diversidad sexo-genérica en la sanidad.

17. Creación de planes de formación específicos para el profesorado en materia de diversidad sexo-genérica, extensivos también a monitores/as, cuidadores/as, animadores/as socioculturales, etc. De igual manera, creación de contenidos integrales en favor de la diversidad y la convivencia y contra la discriminación por LGTBfobia y su inclusión en el currículum escolar.

18. Creación de programas, recursos y actividades tanto de sensibilización como de asistencia para el tratamiento de la diversidad sexo-genérica en general y la prevención de la LGTBfobia. De igual manera, diseño de programas de atención al acoso escolar o bullying LGTBfóbico (materiales pedagógicos, departamentos de orientación, tutorías de atención a la diversidad, coordinación con servicios sociales, seguridad, etc).

19. Establecimiento de garantías para el respeto al derecho a la propia identidad de género en los trámites administrativos educativos, en relación a las personas transexuales.

20. Invitación de las diversas organizaciones sociales LGTB a participar en el Consejo Escolar del Estado con el objetivo de aportar su enfoque con respecto a las problemáticas relativas a la diversidad sexo-genérica en la educación.

21. Desarrollo de políticas específicas destinadas a las edades infantiles y juveniles, estimulando el asociacionismo LGTB juvenil, favoreciendo la creación de escuelas de madres y padres y desarrollando programas formativos para familias sobre diversidad sexo-genérica.

22. Apertura de una línea de actuación específica de los servicios sociales, coordinados con centros educativos, con el objetivo de abordar casos de expulsión del hogar familiar por motivos de LGTBfobia.

23. Creación y puesta en marcha de planes de formación específicos para el personal de los servicios sociales en materia de diversidad sexo-genérica, teniendo en cuenta la realidad y la problemática específicas del colectivo LGTB.

24. Reafirmación efectiva del derecho a la libre expresión de la orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral, con persecución efectiva e imposición de sanciones administrativas contra las situaciones discriminatorias.

25. Establecimiento obligatorio de la inclusión de la perspectiva LGTB en convenios colectivos y en planes de igualdad en las empresas y centro de trabajo.

26. Diseño de un plan específico de fomento del empleo para personas transexuales, desarrollando medidas de acción positiva en las contrataciones, así como planes de empleo y formación para las personas LGTB en riesgo de exclusión laboral.

27. Impulso a la formación específica de los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la realidad de la diversidad sexo-genérica y diseño e implementación de protocolos específicos para la atención al colectivo LGTB y los casos de discriminación o violencia por LGTBfobia.

28. Creación de un apartado específico en el registro de delitos de la Policía Nacional que recoja aquellos casos de odio y discriminación por LGTBfobia, para poder cuantificarlos objetivamente, así como para dar respuesta urgente a los casos de violencia por razón de la orientación sexual y/o identidad de género de las personas agredidas, tal y como se hace actualmente con la violencia de género a través de las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección del Cuerpo Nacional de Policía.

29. Adopción de medidas positivas para el tratamiento respetuoso y digno del colectivo LGTB en el ámbito informativo, como el diseño de un protocolo de control de estereotipos y prejuicios en los medios de comunicación, así como la implementación de contenidos específicos de igualdad en medios de titularidad pública.

30. Elaboración de una memoria económica debidamente detallada, con el fin de prever y proveer con antelación los recursos que se estimen necesarios para el desarrollo de las medidas contempladas en esta Ley.

Palacio del Congreso de los Diputados

Madrid, a 13 de mayo de 2013.

Fdo: Ascensión de las Heras Ladera

Diputada del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

Fdo: José Luis Centella Gómez

Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural