Desde la aprobación del matrimonio igualitario, con la incluida posibilidad de adopción por parte de parejas homoparentales, ya fueron y son muchas las personas LGTBI que quieren y están formando una familia a lo largo de todo el Estado.

No debemos olvidar así que la aprobación de esta ley fue amenazada por el recurso ante el Tribunal Supremo del Partido Popular, en una clara muestra de intenciones a cara descubierta para la reducción de los derechos de las personas LGTBI por la influencia en dicha organización de la Conferencia Episcopal y los sectores de ultraderecha.

Así, fue en medio de dicho recurso cuando Santiago Vázquez y Daniel Baamonde, una pareja de Compostela, comenzó los preparativos y procesos para llevar a cabo una adopción, cuando se les denegó la idoneidad.

Ambos, tras esta resolución, decidieron acudir a la justicia, puesto que, según ellos, además de mala praxis y mal procedimiento, existe una razón de homofobia detrás de dicho veredicto. La Xunta, sin embargo, alega no haber discriminado a nadie por su orientación sexual, sino simplemente ceñirse a los procedimientos estándar.

Es así como, en los documentos facilitados por la administración para explicar la no idoneidad de dicha pareja, aparecen expresiones y afirmaciones de dudoso significado cómo cuando se habla de “estructuras familiares menos habituales”.

Desde el Área de Liberdade de Expresión Afectivo-Sexual de Esquerda Unida (ALEAS-EU), en su firme lucha contra la discriminaciónhacia el colectivo LGTBI y como forma cautelar, presentará una serie de preguntas en el Parlamento a través de la diputada de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) Eva Solla, intentando así esclarecer si la Xunta de Galicia está discriminando a las parejas homoparentales.

Además, desde ALEAS-EU exigen explicaciones a la Xunta por el mal procedimiento llevado a cabo durante la concesión de idoneidad a Santiago y a Daniel, ya que "no se puede permitir que desde la administración se lleve a cabo un proceso tan delicado como es la concesión de la idoneidad a una pareja en el que se cometan tantos errores por mala praxis y, por si fuera poco, extravío de papeles, poniendo entre dicho la rigurosidad de la Consellería de Trabajo y Bienestar".

Por último, en cuanto al procedimiento judicial puesto en marcha por esta pareja, será la justicia, en última instancia, la que intente aclarar lo acontecido. Pero desde ALEAS-EU se pide que el proceso "no se ralentice mucho más en el tiempo, dado el error que supondría la prescripción del suceso y el coste personal y que todo esto está suponiendo para la pareja".