ALEAS-IU: ANDALUCÍA: Propuestas para la igualdad de derechos LGTBI: hacia la igualdad real

Desde IU nos presentamos a estas elecciones orgullosos y orgullosas de haber participado en los avances sociales de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y nos sentimos especialmente satisfechos/as porque los hemos conseguido trabajando con el conjunto de movimientos sociales LGTBI a través de mucha lucha y organización política.

El avance logrado en la anterior legislatura con la Ley Integral de Transexualidad pone de manifiesto la labor de nuestra fuerza política en colaboración con el movimiento asociativo. Un ejemplo de elaboración colectiva que ha dado a luz una ley vanguardia en el mundo, convirtiendo a Andalucía en el referente actual en cuando a derechos de personas transexuales.

A pesar de los avances, queda mucho por hacer. Pensar que todo está conseguido en materia de igualdad es un gran error, ahí está como muestra el incremento del número de agresiones LGTBIfóbicas en los pueblos de Andalucía. Es necesario, sobre todo, impedir cualquier retroceso y consolidar las metas ya conseguidas, así como seguir luchando por la dignidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales hasta conseguir la igualdad real. Hoy lesbianas, gays, transexuales y bisexuales tenemos ciertos derechos reconocidos, pero seguimos sufriendo la precariedad, el desempleo o el acoso escolar y laboral. Con precariedad no puede haber igualdad.

Las soluciones a estos problemas pasan por una apuesta firme en la educación desde los primeros años, en aplicar políticas activas en sanidad y en la concienciación de la sociedad y de las instituciones que siguen dando un trato de favor a la Iglesia Católica pese a su constante misoginia y LGTBIfobia.

Por el completo desarrollo y cumplimiento de la Ley Integral de Transexualidad

Con la aprobación de la Ley 2/2014 integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía (más conocida como Ley Integral de Transexualidad), se dio un paso de gigante en nuestra comunidad autónoma.

Dicha ley recoge los principios de autodeterminación del género y despatologización. Aunque a nivel internacional (incluso nacional) la transexualidad sea considerada una enfermedad mental, en Andalucía se garantiza que ninguna persona podrá ser obligada a tratamiento alguno que coarte su derecho a la autodeterminación del género.

La base legal está ahí, pero evidentemente queda mucho camino por hacer. Lamentablemente los derechos no se garantizan porque estén negro sobre blanco en el BOJA, por ello desde IU nos comprometemos a visibilizar y reivindicar la lucha del colectivo transexual desde el Gobierno andaluz con las siguientes propuestas principales:

Desarrollo reglamentario del protocolo sanitario en colaboración con las asociaciones de personas transexuales, de tal forma que se consiga una despatologización real y efectiva dentro del Sistema Andaluz de Salud.
Desarrollo reglamentario del protocolo educativo en colaboración con las asociaciones de personas transexuales, garantizando el interés y los derechos del menor o de la menor transexual dentro del sistema educativo andaluz.
Impulso de un compromiso para conseguir la despatologización de la transexualidad y su eliminación de los manuales psiquiátricos de enfermedades mentales.
Puesta en marcha de programas de formación para el personal público, sobre todo para personal sanitario trabajadores sanitarios, docentes y trabajadores/as de las fuerzas de seguridad.
Puesta en marcha de una oficina de atención a personas transexuales con el objetivo de difundir el contenido de la Ley Integral, asesorar para realizar los cambios oportunos en ficheros de organismos privados o de carácter estatal y velar por el cumplimiento real de los principios de dicha ley.
Implantación de un Plan de Inserción Laboral y fomento del empleo para la población transexual con incentivos laborales para su contratación, con especial mención a mujeres transexuales.

Hacia una Ley contra la LGTBIfobia

Justo al final de la última legislatura, desde Izquierda Unida comenzamos a trabajar en un marco jurídico autonómico contra la discriminación hacia lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales.

Manteniendo el principio de elaboración colectiva y haciendo un amplio llamamiento al sector asociativo al completo para que participe en este proceso, queremos partir de la ley aprobada en el Parlament de Catalunya para llegar a una ley andaluza que garantice:

Mecanismos para garantizar la igualdad real en todos los ámbitos donde nuestra Comunidad Autónoma tenga competencias.
Una ley integral, que tenga en cuenta todas las sensibilidades del colectivo LGTBI y todos los sectores de actuación.
Un régimen de infracciones y sanciones.
Un órgano participativo y consultivo permanente que asesore y acompañe todas las políticas públicas que se hagan en este sentido.
Hacer especial hincapié en la educación, para garantizar que nuestras generaciones futuras sean educadas fuera del odio y la discriminación.

Educando en la diversidad afectivo-sexual

Actualmente nos encontramos con un sistema educativo que padece graves déficits desde la perspectiva LGTBI: las y los profesionales de la educación no cuentan con recursos o herramientas que ayuden a identificar, mediar o resolver los conflictos y la violencia derivados de la diversidad afectivo-sexual. Hay muy pocos libros de texto, de lectura, de consulta, etc. que reflejen la realidad LGTBI, que permitan la identificación de personas del colectivo LGBTI para lograr una verdadera integración en el sistema educativo de otras perspectivas y realidades sociales.

Lo más alarmante es que los y las adolescentes LGTBI sufren, en su mayoría, verdaderas situaciones de violencia por el mero hecho de su condición sexual.

Desde IU creemos que es fundamental educar en la diversidad afectivo-sexual, sin complejos y desde los primeros años de la enseñanza. Por todo ello, nos comprometemos a:

La inclusión en el currículum educativo tanto de forma trasversal como específica de contenidos relevantes sobre educación afectivo sexual, sobre la diversidad de modelos familiares, sobre valores de respeto y diversidad, etc.
La creación de unos contenidos mínimos de educación afectivo-sexual para introducirlos en los planes de estudio del máster de formación del profesorado.
La elaboración de materiales específicos en materia de diversidad sexual complementarios a la formación formal (contando con la participación conjunta en su elaboración de colectivos LGTBI) así como la creación de programas de colaboración con los distintos centros educativos y los colectivos LGTBI.
Garantizar que en todos los centros públicos de enseñanza haya un servicio psicopedagógico con la colaboración de colectivos LGTBI que tenga conocimientos sobre diversidad sexual y que pueda atender a estudiantes o mediar en los conflictos que surjan en los centros.
Programas de formación específicos en educación afectivo-sexual para las y los profesores en los que participen también los colectivos LGTBI.
Estudios sobre la situación de acoso y violencia (bullying) para conocer la realidad de nuestros centros educativos y articular una serie de medidas para atajar con la grave situación que sufren las y los adolescentes LGTBI.
Garantizar que todos los/as inspectores/as de la Inspección Educativa estén formados/as en materia de diversidad sexual e identidad de género, así como también en cómo evaluar la eficacia en la lucha contra el bullying LGTBIfóbico en los centros educativos.

Sensibilizando desde la Administración Pública

La gran meta para conseguir la igualdad real a la que aspiramos es la concienciación y sensibilización plena de la sociedad en materia LGTBI. No es algo que se consiga en una legislatura, sino con un trabajo continuo y una serie de pequeños pasos en los que la Administración Pública debe ser ejemplarizante.

Desde IU creemos que las Administraciones Públicas deben ser un ejemplo de normalización del colectivo LGTBI y de visibilización de las diferentes realidades y modelos de familia. Por todo ello, desde la izquierda alternativa y transformadora nos comprometemos a:

La retirada de cualquier ayuda o subvención por parte de la Administración a aquellas entidades que por su ideología o actividad incurran en cualquier manifestación de LGTBIfobia.
Promoción institucional de las campañas de los distintos colectivos y asociaciones LGTBI, así como impulso de campañas propias por los derechos y la diversidad LGTBI, especialmente en fechas señaladas como el octubre trans, el 17 de mayo (día internacional contra la LGTBIfobia) y el 28 de junio (día del Orgullo y la Liberación LGTBI).
Compromiso y cooperación para la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI en cuantos foros y organismos internacionales participe Andalucía.
Creación de una Fiscalía contra la discriminación para perseguir la LGTBIfobia.
La Creación de un Observatorio Autonómico de la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
Desarrollar un protocolo de actuación integral para tratar adecuadamente a las personas que sufren agresiones por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, así como para perseguir estos delitos de odio de forma contundente. Un protocolo dotado de recursos económicos y personales que puedan hacer frente a estas situaciones de violencia y discriminación.
Creación en Andalucía la Consejería de Igualdad, organismo que luchen por la igualdad real del colectivo LGTBI y que impulsen la constitución de Consejos Locales y Regionales de Igualdad en los que se reúnan los colectivos LGTBI que luchan por la igualdad real, siendo estos Consejos quienes marquen las políticas de las respectivas consejerías y concejalías de igualdad.
Campañas de información que denuncien comportamientos LGTBIfóbicos y promuevan comportamientos y actitudes de respeto e igualdad.
Promover la denuncia por parte de las víctimas por orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
La completa supresión, en la documentación oficial, de requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier orientación sexual.
No inclusión de ningún tipo de publicidad o anuncio de comunicación en aquellos medios que no respetan los derechos del conjunto LGTBI.
Convocatoria específica de líneas de ayuda a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el campo de los derechos del colectivo LGTBI.
Dotar las bibliotecas públicas con fondos bibliográficos relacionados con la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad desde actitudes de respeto y no discriminación.
Campaña de educación y sensibilidad en el Cuerpo de Policía para evitar acosos, especialmente hacia las personas transexuales que se dediquen a la prostitución.
Promoción de iniciativas de investigación científica (como cátedras) sobre la realidad LGTBI desde todas las perspectivas: la sociología, la antropología, la historia, la salud, la psicología social… incentivando la colaboración de las universidades y otras instituciones científicas.
Creación de unas normas básicas para todos los medios de comunicación tanto de titularidad pública como privada que fomenten el respeto a la diversidad y la sensibilización para luchar contra la LGTBIfobia.

Nuestra salud también importa

Plan de Salud Sexual, que incluya campañas de prevención y sensibilización del VIH y otras ITS, así como también que combatan la serofobia.
Impulso de campañas de diagnóstico precoz en los colectivos más vulnerables como son el HSH (hombres que tienen sexo con hombres).
Dotar de subvenciones a las ONGs especializadas, que lleven a cabo programas de sensibilización y prevención en espacios clave (bares, saunas, espacios públicos, universidades, pubs…) así como el programa de la prueba rápida.
Plan de formación al personal sanitario, sobre todo en lo relacionado al nuevo marco jurídico que supone la Ley Integral de Transexualidad.

Igualdad en el trabajo

Impulso de la formación específica para los agentes sociales (empresarios/as y sindicatos) sobre la realidad y promoción de la igualdad del colectivo LGTBI en el ámbito laboral, así como incorporación de la mirada LGTBI de manera explícita en su política, planes y convenios.
Formación y concienciación de las y los responsables de la inspección laboral en la realidad LGTBI para controlar y garantizar la no discriminación por orientación sexual o identidad de género en los centros de trabajo.

Lesbianas visibles

Puesta en marcha de campañas públicas de sensibilización social que ofrezcan referentes para el empoderamiento de las mujeres lesbianas y su visibilización en el ámbito público.
Formación del personal sanitario, principalmente del área de ginecología, sobre las prácticas sexuales entre mujeres y sus riesgos, para poder incluirlas en sus protocolos de acción.
Inclusión en las políticas de igualdad de género de acciones dirigidas específicamente a las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales.
Realización de estudios específicos para conocer y enfrentar la incidencia de la infección del VPH y del VIH/Sida en el colectivo de las mujeres lesbianas.
Fomento del uso del condón femenino a través de campañas de sensibilización para la prevención de ITS en mujeres lesbianas.
Protección de los derechos reproductivos de las mujeres lesbianas a través de la defensa de su acceso a la reproducción asistida en los mismos términos que las mujeres heterosexuales.

Diversidad sin edad ni límites

Realización de programas de promoción de la autoestima y el autorreconocimiento de las y los adolescentes LGTBI, creación y/o apoyo a servicios de apoyo y orientación a jóvenes LGTBI y de espacios seguros y abiertos para la socialización.

Fomento del asociacionismo juvenil LGTBI, con el objetivo de favorecer la participación y el empoderamiento de la juventud LGTBI en la sociedad.
En los casos de expulsión del hogar familiar las administraciones deberán facilitar la ayuda necesaria: psicológica, orientación jurídica, pisos de acogida, becas de estudio o pensiones de manutención.
Formación del personal de residencias y geriátricos sobre diversidad sexual y de género, con especial atención a la lucha contra la LGTBIfobia.
Desarrollo de protocolos de buenas prácticas en relación con los problemas específicos de identidad de género en la vejez, para su aplicación en servicios y centros de atención a las personas mayores de titularidad pública y privada. Dichos protocolos deberán ser elaborados junto a las asociaciones de personas transexuales.
Promoción y formación de voluntariado para asistir a personas LGTBI mayores y/o con diversidad funcional.
Fomento de acciones de sensibilización de la población anciana sobre diversidad sexual y de género y VIH/Sida.
Apoyo institucional a experiencias de autogestión de centros residenciales para personas mayores LGTBI o seropositivas.
Impulso de una política de libre disfrute de la sexualidad en los centros residenciales para personas mayores, sea cual sea su orientación sexual o identidad de género.