La reciente celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en la ciudad rusa de Sochi ha suscitado gran interés entre los medios de comunicación de masas debido a la represión a la que diversos colectivos pro Derechos Humanos y por la igualdad real de las personas LGTBI se han visto sometidas por parte del Gobierno ruso. 

Tanto las múltiples declaraciones homófobas, ya fuera por parte del alcalde de Sochi como del Presidente Vladimir Putin; las numerosas detenciones de activistas LGTBI en las semanas previas a la celebración de los juegos; como las recomendaciones más o menos bienintencionadas de los propios deportistas participantes recomendando no levantar demasiadas "sospechas", llamando a ocultar la orientación sexual de aquellas y aquellos participantes no heterosexuales, ha creado en el país un clima de persecución y criminalización sobre la población LGTBI que ha hecho saltar las alarmas a nivel internacional sobre la situación de inseguridad e indefensión en la que se encuentran las personas LGTBI en Rusia. Los Juegos de Invierno de Sochi 2014 han entrado de esta manera en la nada honorable lista de las fechas negras del deporte, situándose al nivel de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, organizados por el Gobierno del Partido Nazi bajo una bochornosa y criminal propaganda racista.

Es tremendamente preocupante que el colectivo LGTBI ruso esté sufriendo directamente el ataque de un gobierno que debería respetar y proteger sus derechos. La legislación popularmente conocida como “anti gay”, vigente desde junio de 2013, no sólo supone la imposición del silencio y la invisibilidad pública a las personas LGTBI por el hecho de serlo, sino que fomenta la creación de un clima social contrario a todo aquel y a toda aquella que no se ajuste a la norma heterosexual vigente.

Sin embargo, no se nos escapa que parte de las críticas que está recibiendo el régimen dictatorial, homófobo y machista ruso, sustentado sobre las bases de las oligarquías capitalistas y una Iglesia Ortodoxa en decadencia, proceden de posicionamientos imperialistas, que buscan más deslegitimar el Gobierno ruso en el escenario internacional que salvaguardar la seguridad y la vida de los colectivos amenazados. Tampoco los gobiernos que se autoproclaman defensores de los Derechos Humanos, como Estados Unidos o la propia Unión Europea, adquieren una actitud seria y firme en este asunto. Ni unos ni otros tienen como verdadera prioridad en su agenda el desarrollo de los Derechos Humanos de manera efectiva en su propio territorio. La pena de muerte institucionalizada en algunos estados de los EE.UU, la situación de exclusión social y pobreza que sufren las personas LGTBI en el capitalismo norteamericano, o el uso de métodos inhumanos como las cuchillas y los muros en las fronteras de la UE para controlar los flujos migratorios, son sólo algunos ejemplo de ello.

Además, a menudo, en muchos países a lo largo del mundo, y en muchos momentos históricos pero también en la actualidad, las relaciones sociales referidas a vivencias sexuales e identidades de género no mayoritarias se han desarrollado al margen de la actividad de los Estados, ya fuera por la inexistencia de estos, por su inoperancia a la hora de llevar a cabo su actividad, o por simple diferenciación entre los espacios de gestión y gobierno estatales dentro de un territorio y las tradiciones pre-estatales establecidas por las poblaciones autóctonas.

Tal situación paradójica se da, por ejemplo, en Brasil, donde el gobierno autoriza desde hace años la manifestación del Orgullo más numerosa del mundo, llegando a los dos millones de participantes. Sin embargo, este país también es el primero del mundo en la triste realidad de ser el lugar donde mayor número de personas transexuales son asesinadas cada año, alcanzando casi el millar en el último decenio. Otros países, como Uganda, Nigeria y Arabia Saudí, sufren, al igual que Rusia, la persecución sistemática de las personas LGTBI de manera institucionalizada y sin ningún tipo de reparo ni justificación. Las mujeres lesbianas de Japón, China y Tailandia, por citar sólo algunos ejemplos, son obligadas por sus familias a contraer matrimonio heterosexual como forma de tratar su supuesta desviación, y este hecho es llevado a cabo con el beneplácito de sus Estados. En México, Bolivia y Perú cada año son asesinados a plena luz del día y en sus propios barrios y pueblos decenas de homosexuales, bisexuales y transexuales solo por atreverse a no ocultar ni negar sus preferencias sexuales y de género. Con estos pocos ejemplos basta para hacernos una idea de la situación de indefensión, discriminación y represión en la que viven millones de personas en el mundo por el simple hecho de expresar su orientación sexual y su identidad de género.

Pero, desgraciadamente, para entender el menosprecio de los Derechos Humanos de las personas LGTBI por parte de algunos Estados no tenemos que irnos muy lejos de nuestro propio contexto. En el Estado Español actualmente la Ley de Identidad de Género aprobada en 2007 sigue patologizando y tratando como enfermas mentales a las personas transexuales. En el Estado Español, a día de hoy, las personas inmigrantes del sur no pertenecientes a la Unión Europea no tienen derecho al tratamiento del VIH/Sida, desde que así lo estipulara el Gobierno del Partido Popular en la reforma sanitaria del 2012. Esto adquiere una gran relevancia si entendemos que en nuestro país más de 150.000 personas conviven actualmente con el virus, y medidas irresponsables y suicidas como éstas abocan a miles de personas a la enfermedad y la muerte de manera institucionalizada. Además, las vivencias homosexuales siguen siendo actualmente una auténtica aventura en los espacios ultramasculinizados y machistas del deporte. Declararse homosexual, bisexual o transgénero en deportes como el fútbol, el boxeo o el baloncesto sigue siendo hoy por hoy un crimen social en nuestro país, así como una vivencia arriesgada para miles de personas, y nada se hace desde las instituciones para modificar esa realidad.

Por todo ello, desde Izquierda Unida creemos necesario hacer efectiva y seguir desarrollando la legalidad internacional vigente en lo relativo a los Derechos Humanos y la igualdad real de las personas y colectivos de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales. Para este fin, se hace necesario, por ejemplo, profundizar en los Principios de Yogyakarta, aprobados en 2006, que tratan sobre la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género, respaldada por las Naciones Unidas como fórmula necesaria de un camino hacia la paz, la igualdad y el respeto.

También, en nuestro contexto comunitario más cercano, se hace imprescindible la profundización jurídica, política y social del Informe Lunacek, texto aprobado recientemente por el Parlamento Europeo y que recoge una hoja de ruta a seguir en cuanto a las políticas LGTBI se refiere. Además, desde Izquierda Unida siempre hemos reivindicado el Derecho de Asilo como uno de los recursos imprescindibles a la hora de hacer del Estado Español un verdadero hogar, más orientado a la seguridad y el bienestar de la población que a ser un mero espacio de especulación, represión y explotación. Un derecho de asilo que reduzca los plazos actuales de resolución del fallo, que en la actualidad se encuentra en los seis meses; un derecho de asilo que amplíe los supuestos de su petición; un derecho de asilo, pues, verdaderamente humanitario, que no se convierta en una barrera a las migraciones, sino en una ayuda al bienestar y la seguridad de todo ser humano.

Por todo ello, desde el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida focalizamos sobre la necesidad de apoyar y desarrollar todas aquellas medidas que favorezcan la igualdad real de la población LGTBI, tanto en el ámbito del Estado Español como en el espacio de la Unión Europea.

*Resolución aprobada por unanimidad en el plenario del Encuentro Programático Europeo que IU celebró los días 1 y 2 de marzo de 2014 en Madrid.