Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición No de Ley sobre medidas de apoyo a la erradicación del Virus de Inmunodeficiencia Humana o VIH, a través de un Proyecto de Ley Integral de acción contra el VIH/Sida, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados.

Exposición de motivos

Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, ONUSIDA, desde el año 1981, año de inicio de la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana o VIH, se han infectado en todo el mundo 65 millones de personas, y se estima que cada año contraen el virus entre 2 y 3 millones de personas más.

En España se estima que cada año contraen el virus entre 3.500 y 4.000 personas, afectando ya a un total de 150.000 personas. De los nuevos diagnósticos, un 45% son tardíos, lo que complica no sólo la puesta en marcha del protocolo sanitario sino la recuperación de la propia persona. En la actualidad, se producen anualmente más de 1.000 muertes a lo largo de todo el Estado español por enfermedades asociadas al Sida. Además, unas 50.000 personas que han contraído el virus desconoce que lo tiene, suponiendo un tercio del total, lo que aumenta las posibilidades de infección a terceras personas, siendo de hecho este desconocimiento el causante de más del 70% de las nuevas transmisiones.

Es una demanda reconocida por toda la comunidad internacional el importante papel de los poderes políticos nacionales e internacionales a la hora de poner freno a este drama global. La incapacidad de administrar tratamiento antirretroviral contra el VIH/Sida a las millones de personas que lo necesitan a lo largo mundo constituye desde hace ya demasiados años una emergencia sanitaria mundial que debe ser resuelta con la mayor brevedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que de estas 46 millones de personas infectadas actualmente por el VIH, 6 millones de ellas necesitan urgentemente ser tratadas con medicación antirretrovírica, habida cuenta del avanzado estado de su enfermedad. Situación en la que en nuestro país se encuentran más de 10.000 personas a día de hoy.

Por su parte, la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa ha manifestado que los recortes presupuestarios que se están llevando a cabo a nivel comunitario no deben afectar a los programas preventivos o de tratamiento precoz de las enfermedades infecciosas ya que, de lo contrario, dichas políticas repercutirán en un aumento de casos de infecciones como el VIH.

Por desgracia, en nuestro país, el Gobierno del Partido Popular sigue alejándose del compromiso adquirido con los objetivos de ONUSIDA, OMS, OIT y UNGASS para el periodo 2011-2015. Dicha estrategia no pretende más que seguir progresando a nivel mundial en el camino hacia los objetivos de acceso universal a los servicios de prevención, atención y apoyo relacionados con el VIH, así como para detener y reducir la propagación del virus.

Actualmente, parece que el Gobierno del Partido Popular no es todavía consciente de la magnitud del problema, y prefiere mirar hacia otro lado a la hora de tomar medidas verdaderamente contundentes siempre y cuando estas afecten positivamente a la ciudadanía. ¿Cómo sino podría explicarse un recorte presupuestario del 80% en el Plan Nacional sobre el Sida en sólo 2 años? ¿Cómo puede el Ejecutivo explicar que en 2013 las entidades encargadas de la prevención y seguimiento de la población con VIH cuenten con un presupuesto total de 1 millón de euros, cuando 2 años antes, en 2011, el presupuesto era de 4,5 millones?

O dicho de otra manera: ¿Cómo se pueden cumplir con los compromisos adquiridos nacional e internacionalmente mermando la capacidad de respuesta de las organizaciones que trabajan en la prevención y el apoyo a las personas afectadas por el VIH? No se nos ocurre más respuesta que el desinterés y la falta de voluntad política.

Recordamos la perversa y cínica situación que se vive en nuestro país desde que se dificultó el acceso universal al tratamiento por VIH, pero no así la prueba de diagnóstico de la infección. Desde la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012 en materia sanitaria, y a partir de su puesta en vigor 31 de agosto de 2012, la población inmigrante en situación irregular queda fuera del Sistema Nacional de Salud (SNS). Con lo que desde hace más de un año, dichas personas pueden hacerse la prueba de diagnóstico pero no seguir un tratamiento en caso de dar positivo en dicha prueba. Esta situación, además de la desatención sanitaria de miles de personas, supone de manera inevitable y obvia una pérdida de control sobre la evolución de la infección y un incremento del número de transmisiones.

Unida a la anterior, el copago sanitario impuesto por el Gobierno es otra de las medidas que atentan contra la salud de las personas con VIH, puesto que supone dificultar el acceso a los fármacos de dispensación hospitalaria y productos sanitarios básicos a las personas con menos recursos económicos, si no la privación completa del servicio.

Consideramos que estas medidas suponen un retroceso de 20 años respecto a todos los avances legales y sociales alcanzados mediante la incesante movilización social, la presión y el esfuerzo de miles y miles de activistas, asociaciones, organismos, Administraciones públicas y otros agentes sociales involucrados en la erradicación de esta pandemia. Es por ello que se hace más que necesario el establecimiento de nuevas políticas que aseguren una estrategia clara ante esta alarmante situación, o nos enfrentaremos en los próximos años a consecuencias socio-sanitarias sin precedentes.

Por todo ello presentamos la siguiente:

Proposición No de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, junto con las entidades encargadas de la prevención y seguimiento de la población con VIH, y a presentar en la Cámara Baja, un Proyecto de Ley Integral de acción contra el VIH/Sida, que incluya las siguientes medidas:

1. El cumplimiento de los compromisos económicos y de cooperación adquiridos en los acuerdos internacionales en el ámbito de VIH y sida ante organismos como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), la Sección Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Parlamento Europeo (PE) para alcanzar el llamado Objetivo Cero: cero nuevas infección por el VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el Sida.

2. El cumplimiento de los objetivos y compromisos de acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo para el VIH suscritos en la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de 2011.

3. Fortalecer y reafirmar la presencia en el Fondo Global para la lucha contra el Sida, así como en la Iniciativa Internacional para la Vacuna del Sida (IAVI).

4. Propiciar y participar en la construcción y apoyar un marco mundial de innovación médica que asegure el acceso y la disponibilidad de medicamentos y herramientas de salud del VIH/Sida para los ciudadanos de todos los países, proponiendo un modelo que elimine las barreras actuales de acceso y promoviendo una I+D en salud que beneficie la salud de todas las personas.

5. Incrementar el apoyo a los trabajos de I+D sobre nuevos medicamentos y herramientas de salud del VIH/Sida que se llevan a cabo en centros de investigación y desarrollo en cualquier punto del Estado Español, sin discriminación geográfica alguna.

6. Incrementar la partida presupuestaria y asegurar la transparencia en los criterios de concesión a las entidades responsables.

7. Garantizar el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para todas las personas, por tanto, sin exclusión de las personas refugiadas e inmigrantes no regularizadas, no sólo por motivos solidarios y de justicia social, sino también de salud pública, especialmente evidente en el caso de la infección por VIH, ya que estos colectivos suponen una parte relevante de los nuevos diagnósticos. En general, se deberá promover y facilitar el acceso a la prueba del VIH de forma anónima, confidencial y gratuita a toda la población que desee conocer su estado serológico. Igualmente, se promoverá el diagnostico precoz y hacer de la prueba del VIH una acción para el trabajo efectivo en la prevención del VIH ofreciendo consejo asistido previo al resultado y tras el mismo.

8. Ofrecer un posicionamiento favorable en relación al Pacto Social por la No Discriminación asociada al VIH/Sida, así como favorecer todos los marcos de diálogo que dicho pacto necesite para su aplicación.

9. Adecuar la catalogación de la infección por VIH como enfermedad infecto-transmisible en lugar de enfermedad infecto-contagiosa, denominación esta última que carece de rigor científico y cuyas consecuencias se viene observando que derivan en situaciones gravemente discriminatorias para las personas que viven con VIH, en especial en el acceso a bienes y servicios. Esta modificación ha de ser incorporada a la legislación y normativa vigente en materia de acceso a bienes y servicios por medio de las modificaciones pertinentes al respecto.

10. Reforzar la Secretaría del Plan Nacional del Sida (SPNS), como organismo coordinador de la respuesta española al VIH, así como la participación y coordinación con las ONGs de lucha contra el VIH y atención a las personas que viven con VIH/Sida. Dicha Secretaría deberá velar por la elaboración de un nuevo Plan Multisectorial frente a la infección por VIH/Sida en España 2013-2017. Además, apoyará la existencia y desarrollo de los Planes o Servicios Autonómicos de respuesta al VIH. Finalmente, será necesaria su labor de garantizar la continuidad de los programas desarrollados por las ONGs con el fin de evitar la desatención de las miles de personas que están detrás de estos servicios.

11. Colaborar con las Conserjerías de Sanidad de los distintos gobiernos autonómicos para desarrollar un plan regional para el fomento y la accesibilidad de la prueba rápida de detección del VIH de manera anónima y gratuita, así como el posterior seguimiento y tratamiento del virus.

12. La extensión a las Comunidades Autónomas no incluidas en el Sistema de Información de Nuevos Casos de infección por VIH confidencial y anónimo, de manera coordinada entre las Administraciones públicas, las ONGs, y las demás organizaciones encargadas de la prevención y seguimiento de las personas con VIH/Sida. De esta manera se pretende disminuir el impacto personal y social de la infección por VIH; conocer la evolución epidemiológica de la infección por VIH en el Estado español; orientar las acciones de prevención y control de la infección del virus, así como conocer las características clínicas de las personas recientemente infectadas.

13. Crear un Plan General para la Promoción de los Estilos de Vida Saludable, abordando los factores protectores de la salud, como la resiliencia, pero también la prevención de otros problemas de salud que afectan a las personas con VIH como el uso problemático de sustancias perjudiciales para el organismo (tabaco, alcohol y otras drogas o sustancias), el incumplimiento terapéutico, el uso inadecuado de los servicios de salud, etc.

14. Desarrollar un Plan General de Educación Afectivo-Sexual y de Género orientada a la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), como el VIH. Es imprescindible que se pongan en marcha programas, proyectos y campañas específicas de información y prevención del VIH para la población en general. De igual manera, se atenderá a las necesidades de los diferentes grupos sociales, enmarcando estos programas y estrategias en las necesidades y características específicas de cada sector de la población a la que se dirijan.

15. Incluir el tratamiento del Síndrome de Lipodistrofia dentro del ámbito de la sanidad pública. Al estar aceptado que el Síndrome de Lipodistrofia guarda relación directa con el tratamiento de la infección por VIH, han de ser considerado como derivación del proceso asistencial, y ser beneficiario de todas las demás medidas relacionadas con el VIH.

16. Desarrollar un Plan General de Reinserción Laboral y Contra la Exclusión Social para todas las personas con VIH/Sida, en el que deberán constar, entre otras, las siguientes medidas: favorecer en el empleo público a las personas con VIH, para contrarrestar de esta manera la situación de discriminación que sufren en el ámbito privado; implementar procesos de sensibilización con campañas de concienciación social en relación a la normal capacitación profesional de las personas con VIH; establecer exenciones y beneficios fiscales para aquellas empresas que empleen personas con VIH; ofrecer formación específica al personal de Recursos Humanos, en su calidad de empleadores o responsables de grupos de personas; ofrecer, asimismo, formación a los representantes de los trabajadores; establecer mecanismos de cooperación entre ONGs, asociaciones empresariales, gremiales, sindicales y mutuas; fomentar la creación de comisiones paritarias que impulsen y diseñen políticas de inserción, etc.

17. Creación de un plan específico de formación para profesionales y centros del ámbito sanitario. La elaboración y aplicación del plan debe perseguir, entre otros, los siguientes objetivos: proteger debidamente los historiales clínicos de las personas con VIH/Sida, así como la privacidad de dichas personas; capacitar al personal sanitario para el trato y tratamiento específico de las personas con VIH/Sida; la no discriminación de personas con VIH/Sida respecto al resto de pacientes; la generalización de las medidas universales de protección; la obligación de contar con el consentimiento del paciente, familiares o tutores legales para poder realizar la prueba de diagnóstico del virus, etc.

18. Elaborar en colaboración con las entidades representativas de la prevención, seguimiento y participación en el ámbito del VIH un proyecto de ley que abarque y regule las medidas anteriormente citadas.

Palacio del Congreso de los Diputados

Madrid, a 8 de noviembre de 2013.

Fdo: D. Gaspar Llamazares Trigo

Diputado IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural