Frente al discurso tramposo lanzado desde el Gobierno, que pretende negar los recortes en materia de servicios sociales, desde el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida (ALEAS-IU) denunciamos las políticas de este gobierno que pueden suponer la desaparición completa de las ayudas a sectores de la sociedad en riesgo de exclusión social. La obsesión por el control del déficit, introducida con “agostidad” y alevosía en la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, no puede ser una justificación para obviar la situación de desamparo a la que se aboca a amplios sectores de la población que dependen de estos servicios públicos para su subsistencia.

El ejemplo del sector de atención a la tercera edad, abandonado por los anteriores gobiernos y ahora en manos de las empresas privadas, marca el modelo que el gobierno del PP quiere implantar en el resto de servicios sociales, en conexión con los ataques a la educación y la sanidad públicas. Un proceso privatizador que no sólo no mejora, sino que empeora los servicios y los hace inaccesibles para los sectores más vulnerables de la población. Las personas mayores de la comunidad LGTBI, ya de por sí invisibilizadas y estigmatizadas, no tendrán posibilidad de vivir plenamente la última etapa de sus vidas en residencias masificadas, sin apoyos específicos y sin programas que contemplen sus realidades específicas.

Otro tanto ocurre en el sector de la discapacidad, donde a la negación de las sexualidades de las personas discapacitadas, más aún si no son normativas, y la sobreprotección por parte de los familiares, se unen los recortes que los distintos gobiernos autonómicos están realizando en las subvenciones a los centros de atención, impidiendo el desarrollo de planes específicos que permitan el pleno desarrollo personal y la completa integración social de las personas con diversidad funcional. Todo ello se conjuga con una “ley de dependencia” que nació lastrada por la falta de presupuesto, pero que ha recibido la estocada final por parte de los gobiernos autonómicos del PP a través de los impagos que hacen que, muchas y muchos de sus beneficiarios, mueran sin recibir las esperadas prestaciones.

Sólo las organizaciones de apoyo a la comunidad LGTBI y a los sectores en riesgo de exclusión han tratado de suplir la negligencia de los gobiernos pasados, mediante la cual el Estado se ha desentendido de las políticas públicas y dejándolas en manos, la mejor de las veces, de entidades sin ánimo de lucro que han tenido que mendigar subvenciones, cuando no de empresas privadas que han reducido los servicios y aumentado los cobros. Sin embargo, estas organizaciones se encuentran hoy ahogadas por los recortes de las subvenciones públicas o su impago sistemático, corriendo el riesgo de desaparecer. La atención a estos colectivos no puede depender de la benevolencia del gobierno de turno, sino que debe ser asegurada por ley. No se trata de limosnas, sino de derechos.

Más aún, los ayuntamientos, instancias de gobierno cercanas a la ciudadanía, que conocen las necesidades reales de la población, van a ser vaciados de sus principales competencias por el proyecto de Ley de Reforma de la Administración Local, que además de profundamente antidemocrática, seguirá recortando en servicios públicos para ponerlos en manos de las empresas privadas.

Desde ALEAS-IU nos unimos al clamor popular de la marea naranja para pedir unos servicios sociales públicos, cercanos a la ciudadanía y de calidad, que contemplen la especificidad de las y los miembros del colectivo LGTBI, identificando sus necesidades y generando los apoyos necesarios para que todas y todos, independientemente de nuestra orientación sexual identidad de género, podamos vivir una vida plena y digna de ser vivida.