Todos los años, el 14 de Abril es un día de fiesta para quienes compartimos los ideales de libertad, justicia social, cultura y modernidad asociados en la memoria a la revolución que fue la Segunda República española. A lo largo y ancho del país se celebran estos días miles de encuentros, seminarios, comidas populares y actos públicos, organizados por Izquierda Unida, en los que se debate también del proyecto de país y de República que queremos para nuestro pueblo.

En un momento de desprestigio de los grandes partidos y las instituciones políticas se pueden avanzar salidas tecnócratas, pero también las de los que defendemos la refundación de la democracia y la política en favor de la mayoría social. Ante la defensa cerrada de unas instituciones que no permiten el ejercicio pleno de la democracia, nos ponemos del lado de las exigencias de la sociedad en busca, precisamente, de más democracia.

El medio del abismo entre el discurso de las élites políticas y la realidad de millones de personas, la troika excluye de derechos sociales y de ciudadanía a cada vez más sectores. En esta fase del desarrollo neoliberal, los poderosos no necesitan de la democracia. Pero no es menos democracia lo que se precisa, sino más. Es la afirmación de una radicalidad democrática: sólo es legítimo el régimen que es república, cosa pública, en cuyo cuidado y gobierno todas y todos están comprometidos ejerciendo la responsabilidad de su condición de ciudadanía.

La crisis del modelo de Estado surgido de la transición, la pérdida de representatividad de las referencias políticas, las esclerosis de las instituciones del Estado ligadas al clientelismo bipartidista, su profunda corrupción, la oligarquización política como consecuencia de la Ley Electoral, la quiebra del referente europeo como espacio de igualdad y libertades o la crisis de valores son manifestaciones de una crisis profunda de la política. Porque lo que hace aguas hoy son aspectos sustanciales del “pacto de la transición”: el ‘Estado social de derecho’ sufre recortes; las libertades políticas se restringen; la Ley Electoral es injusta; la España de los pueblos es hoy un modelo de Estado que no da salida a las aspiraciones de los mismos; la aconfesionalidad es letra muerta; el blindaje de la institución monárquica se resquebraja dejando en evidencia su inutilidad.

La crisis económica y sus consecuencias en España han mostrado la insuficiencia del modelo de participación política. También ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestros derechos conquistados, burlados por quienes no sólo nos han sumido en la miseria y la postración en que nos encontramos, sino que alardean de los beneficios que están obteniendo con el reparto de las privatizaciones y el desmantelamiento del Estado.

Si el ‘caso Bárcenas’ ha puesto en evidencia el entramado corrupto en que se sustenta el Partido Popular y su alianza con las oligarquías, el ‘caso Urdangarín’ ha conseguido la ruptura del tabú de la monarquía. La sociedad española ha conocido también las aficiones y vida privada del titular de la Jefatura del Estado, donde se confunden negocios privados y presuntos intereses nacionales. La monarquía no es hoy un factor de estabilidad, antes al contrario, se ha convertido en un serio problema para España y su credibilidad internacional, al aparecer como una institución salpicada por la corrupción y los escándalos.

Asistimos a un intento de ‘Restauración’ porque a las fuerzas políticas que sustentan las políticas neoliberales la actual Constitución les quedaba grande. A nosotros y nosotras, pequeña.

Para IU, se trata de ampliar aún más la democracia para conseguir que todos los cargos electos, incluido el jefe del Estado, sean elegidos por el pueblo, para que los derechos de las personas no sean potenciales sino imperativos, para concluir la actual descentralización en un Estado Federal, para que en las cuentas generales las prioridades sean la creación de empleo, la protección social y los servicios públicos.

Para conseguir todo ello, hablamos de la necesidad de un nuevo ‘proceso constituyente’ que dé paso a un nuevo proyecto de país. Hablamos de la construcción de un nuevo sistema constitucional, de una nueva legitimidad que el soberano -el pueblo- otorga a las nuevas instituciones del nuevo Estado, necesaria y evidentemente una República: democratizando la economía y la vida pública, con un sistema electoral justo, con medidas de regeneración de la vida democrática y contra la corrupción, fomentando la participación directa de los ciudadanos en un Estado federal, laico y solidario.

Entendemos que la Segunda República es el hilo conductor de nuestra identidad colectiva y en el que nos reflejamos para la construcción de un nuevo proyecto de país.

A ese proceso al que aspiramos lo llamamos TERCERA REPÚBLICA.